El pedido había sido formulado por la defensa del ex represor Julio Simón, alias "El Turco Julián", actualmente detenido a disposición del juez federal Gabriel Cavallo, una causa en la que el magistrado se pronunció por la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Se trata de una causa por el secuestro y torturas sufridas en 1978 por José Poblete y Gertrudis Hlaczik, y por la sustracción y supresión de identidad de su hija Victoria Poblete.
Los defensores de Simón reclamaron la inhibitoria del juez Cavallo y que las actuaciones sea remitidas al consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CONSUFA), al sostener los ilícitos que se le atribuyen a Simón, en particular aquellos relacionados con la falsificación de documentos públicos están contemplados en el Código de Justicia Militar, pero la petición fue rechazada por el magistrado.
La cuestión llegó en apelación a la Sala Segunda de la Cámara Federal, que ratificó los resuelto por Cavallo basándose en fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que esta se pronunció por la competencia de los tribunales civiles, cuando el hecho investigado está configurado no sólo en la órbita militar sino también en el Código Penal de la Nación.
Por esa razón los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Luraschi y Horacio Cattani dispusieron que la causa continúe en el ámbito judicial donde se había avanzado en la etapa sumarial.
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