El demandante, Daniel López Seoane, se desempeñó en la Escribanía General de Gobierno desde el 1 de mayo de 1994 hasta el 29 de junio de 1999, ocasión en que el Poder Ejecutivo aceptó su renuncia.
En la presentación ante la Justicia, el escribano acompañó la publicación del Boletín Oficial del día 2 de julio de 1999, donde dice "aceptar la renuncia presentada por el escribano Daniel Alberto López Seoane al cargo de escribano prostituto de gobierno".
El juez Jorge Coronel Carrizo, que entendió en la causa, estableció el monto del resarcimiento en una suma de 5 mil pesos al entender que era desproporcionada la indemnización de 25 mil pesos que pretendía el demandante. Carrizo entendió que la publicación había afectado la honra y honor del demandado, ocasionándole daño moral.
El juez dio por probados los problemas que le ocasionó al escribano esa publicación y recordó, en ese sentido, la difusión del hecho que se hizo en diversos medios de comunicación, situación que afectó, incluso, la actividad profesional del accionante.
Coronel Carrizo señaló que fue acreditada "la existencia de una lesión cierta y personal a un interés no patrimonial del accionante, que lo damnificó moralmente al haberse lesionado su estima y el respeto que merece frente a terceros, ética y profesionalmente, por lo que se justifica la pretensión indemnizatoria”.