En el escrito que Menem entregó ayer antes de negarse a declarar y quedar detenido en la causa por la venta presuntamente ilegal de armas a Ecuador y Croacia, y en la que está imputado por la fiscalía como jefe de una asociación ilícita, el ex presidente hizo referencia a los decretos 1697 y 2287 del año 1991; 1633 de 1992 y 103 de 1995.
Respecto de los tres primeros, el ex mandatario aseguró que la firma de ellos se inserta en el marco de su competencia “exclusiva en lo que hace a las decisiones políticas” de su gobierno en materia de política exterior y alineamiento.
Agrega al respecto que los mismos fueron resueltos “en el ejercicio de la competencia exclusivamente asignada al presidente en materia de delinear la política exterior de la Nación”, instrumento para el cual lo había dotado la Carta Magna para la ejecución de los actos de gobierno.
Advierte que se trata de las facultades de la investidura presidencial y que contrariarlas implicaría “un exceso en la potestad judicial”.
“El dictado de estas normas, hoy cuestionadas judicialmente, resultan ser la materialización de lo que en Doctrina y Jurisprudencia pacíficamente se ha aceptado y descripto como “actos de gobierno”, y por lo tanto ajenos al Control Jurisdiccional, en tanto el mismo no provenga de una ilegitimidad del funcionario que lo suscribe o de una manifiesta arbitrariedad en el contenido dispositivo del mismo”.
Menem se manifestó “totalmente ajeno a cualquiera de los hechos investigados” y aseguró que los decretos fueron refrendados por tres ministros del Poder Ejecutivo, previo tratamiento por parte de la Comisión Tripartita constituida a efectos del brindar asesoramiento, luego de “ser sometidos al control de legalidad de todos los estamentos del gobierno”.
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