Se trata de José Nino Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Hugo Campos Hermida a quienes el magistrado argentino les imputa haber participado, prima facie, como miembros de "un plan criminal, destinado y dedicado a la comisión de ilícitos con las características sistemáticas de desaparición forzada de personas". Dicho plan estuvo conformado "por varios estados miembros en cuyos territorios se comisionaban" los mencionados militares, imputándoseles que dichos hechos criminales "se hubieran perpetrado total o parcialmente en suelo argentino y, en los cuales hubieran intervenido fuerzas de seguridad, policial o militar de mas de dos estados".
Canicoba Corral sostuvo en los fundamentos de su resolución que los militares imputados tomaron parte, cooperaron o ayudaron a la conformación de esa organización y a su mantenimiento "poniendo en peligro la seguridad de la Nación", a la vez que destacó que la misma estuvo "conformada e integrada por mas de diez personas, por más de un oficial o suboficial de las fuerzas armadas o de seguridad".
Entre los hechos que se le imputan a los militares se encuentra el caso de Sara Rita Méndez, una ciudadana uruguaya que vivía en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires y que fue secuestrada el 13 de julio de 1976 junto con su hijo Simón Antonio Riquello, de 21 días de vida. Méndez fue secuestrada por un grupo integrado por militares argentinos y uruguayos comandados por Gabazzo quien se presentó como mayor del Ejército de ese país, y todos ellos vestían uniformes. Luego de permanecer detenida en un centro clandestino conocido como "automotores Orletti" la mujer fue llevada a su país, pero no así su criatura de quien fue separada. Con posterioridad fue reconocida como detenida política pero nunca consiguió reencontrarse con su hijo, quien se presume fue entregado a apropiadores.
También se relatan las circunstancias que vivieron los hermanitos Anatole y Victoria Julien Grisonas, cuyos padres Victoria Grisonas y Roger Julien Cáceres, fueron secuestrados en 1976 en la localidad de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. Los chicos aparecieron abandonados en la plaza O´ Higgins de la ciudad portuaria de Valparaiso, a 140 kilometros de Santiago de Chile, tres meses después de su secuestro mientras los padres siguen desaparecidos. El procedimiento habría sido realizado, según las investigaciones, por fuerzas conjuntas de militares argentinos y uruguayos.
El magistrado, con la intervención del secretario del juzgado federal 7 Oscar Aguirre, consideró que se trata de un delito imprescriptible, ya que La desaparición forzada de personas es un ilícito continuado o permanente mientras no sea determinado el destino o paradero de las víctimas".
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