La denuncia había sido formulada por el Director de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Carlos Garrido, quien señaló que del incumplimiento de los deberes que Kammerath tenía a su cargo redundó en beneficio para las explotadoras del servicio, a la vez que perjudicó a los usuarios.
La causa podría prescribir la semana próxima, según lo advirtió el propio Garrido, hecho que le fue comunicado al fiscal por los legisladores quienes además coincidieron en la necesidad de que el juez federal Gabriel Cavallo cite a indagatoria a Kammerath.
El decreto 92/97, cuya validez fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, autorizó rebajas en las tarifas de media y larga distancia e incrementó las llamadas locales. Asimismo se establecía "una adecuada equivalencia en la inversión que las licenciatarias efectuaran y su rentabilidad". A su vez ese decreto fijaba que, si como consecuencia del "rebalanceo" se producían mayores ingresos a los previstos los mismos debían ser utilizados para realizar bajas adicionales en las tarifas.