Junto con el auto de procesamiento de Menem el magistrado dispuso una serie de imposiciones en las condiciones en las que el ex mandatario deberá cumplir la prisión preventiva, en la quinta de Don Torcuato, propiedad de el ex titular de la Casa de la Moneda, Armando Gostanían.
Menem no podrá recibir -dentro del horario de 10 a 20 horas- mas de dos visitas por mes y deberá convivir con tres personas como máximo, incluida su esposa Cecilia Bolocco.
Roger le reclamó a Urso "atenuar la rigidez del sistema" -que según fuentes coincidentes puso "violento" al ex mandatario- y le entregó una lista de empleados que, según dijo, habitualmente cumplen tareas en la quinta.
Esa lista de 22 personas se elevaría considerablemente al no determinarse unos de los "rubros" que figura como "familia Gostanian". Además figuran con nombre y número de documentos un arquitecto (Eduardo Colacilli), un calderista, un "mozo con cama adentro", una cocinera, un casero y una casera, el administrador Juan Carlos Gostanian, un electricista, el encargado de controlar el personal y los reemplazantes de algunos de los empleados en sus días de franco.
En la presentación se solicitó que se flexibilicen los horarios de visita porque, según se explicó, Menem "tiene muchos amigos" y "la mayoría, el 99 por ciento de ellos son políticos".
Asimismo, el letrado anticipó que apelarán el próximo martes la resolución de Urso al sostener que la defensa entiende que "no se puede hablar de asociación ilícita" y "mucho menos que Menem haya sido su jefe".
Por su parte, hoy se vivió en el juzgado de Urso una jornada de distensión y cierta euforia por la repercusión favorable que tuvo el fallo en distintos sectores, y voceros habituales cercanos al expediente señalaron que "ahora va a ser mucho más difícil para los que pregonan la inexistencia de una asociación ilícita".
A su vez, los voceros, relativizaron los efectos del dictamen del fiscal ante la Cámara Federal Germán Moldes favorable al recurso extraordinario presentado por la defensa del ex asesor presidencial Emir Yoma.
Según las fuentes, en círculos cercanos a la Corte Suprema de Justicia se estima que el de Yoma será "el primer test mach" de la causa por la venta de armas ante el máximo tribunal y hasta aventuraron que el análisis de ese recurso -para cuya resolución no existen plazos- se llevaría a cabo "con los ojos puestos en lo que la Cámara Federal resuelva cuando Menem y los demás procesados apelen la medida, en particular respecto de la conformación de una asociación ilícita”.
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