El primer amparo pertenece a Nilda Soto, una agente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), que solicitó que se declare inconstitucional la norma que permite una rebaja en los haberes del sector estatal entre un ocho y 13 por ciento.
Los abogados patrocinantes de la accionante, Eduardo Barcesat y Roberto Boico pidieron a la justicia que dicte una medida cautelar de "no innovar" y suspenda así los efectos del decreto que el Poder Ejecutivo implementó en el marco de su política "déficit cero". Precisamente, El texto del escrito presentado ataca por inconstitucional un articulo del decreto que establece que no se podrán interponer medidas cautelares contra lo dispuesto en esa norma legal. Se trata de la última parte del artículo 1, que establece lo siguiente:
“...La presente norma es de orden público. No se podrán ordenar en las causas que con motivo de ella se interpongan, medidas cautelares que afecten su cumplimiento, resultando inaplicables en los respectivos procesos las normas de los artículos 195 a 233 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.”
En su presentación, Soto cuestionó "la rebaja indiscriminada de salarios de acuerdo a la recaudación fiscal" lo que implica "una forma de esclavizar el trabajo".
Asimismo entendió que esta norma viola tanto los derechos y garantías de los involucrados en esta medida, así como las convenciones colectivas de trabajo que se establecen por medio de leyes nacionales.
Por su parte los abogados estimaron que en las próximas horas llegarán medio centenar de recursos contra el nuevo ajuste a la justicia.
Nadie se atreva a tocar a mi vieja
Por su parte, el abogado Ricardo Monner Sans también presentó una acción de amparo en contra del ajuste. Esta vez fue a favor de su madre, María Inés Cárdenas de Monner Sans, de 91 años, que percibe una jubilación como de 256,73 pesos.
La presentación recayó en el juzgado número 8 de Seguridad Social a cargo de Hilda Kogan. El letrado señaló en su escrito que “están en juego de manera directa las garantías constitucionales”.
“Así como a los Sres. Jueces no se les puede disminuir sus remuneraciones ni las jubilaciones ni las pensiones, así también las jubilaciones y las pensiones del “común” debe merecer la protección de los jueces: está en juego el principio de igualdad ante la ley; el principio del derecho de propiedad lato sensu, traducible en lo que se da en llamar los derechos adquiridos; la garantía del trabajo y de la seguridad social (art 14 y 14 bis de la C.N); los principios centrales de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fundamentalmente el artículo XVI (derecho a la seguridad social); las directrices de la Convención Americana de Derechos Humanos (el Pacto de San José de Costa Rica), que obliga a los estados partes a respetar los derechos de sus miembros y a instaurar políticas progresivas y no regresivas y las pautas centrales del pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.”
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