En tanto, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires aún no fijó la fecha en que tratará una oferta del correo oficial, que quiere hacerse cargo de las notificaciones judiciales que se diligencian en la provincia.
La propuesta de la empresa de correos generó temor en la Asociación Judicial Bonaerense, donde se pensó en principio que la empresa buscaba la privatización total del sistema de mandamientos y notificaciones. Sin embargo, el proyecto no llega tan lejos.
La oferta de Correo Argentino a la Suprema Corte bonaerense propone la prestación de un servicio por el que la empresa de correos se encargaría de diligenciar todas las notificaciones a los domicilios constituídos, y de testigos, peritos y otros auxiliares de la justicia, además de las relacionadas con medidas cautelares y las que usualmente realiza la policía. Las notificaciones de mayor importancia, como las demandas y las sentencias, seguirían haciéndose por medio de los oficiales notificadores. Por supuesto, la empresa tampoco realizaría los actos propios de un oficial de justicia, como los mandamientos de constatación y de realización de embargos domiciliarios, por ejemplo.
Para llevarlo a la práctica, el correo oficial propone un programa de computación utilizable en la PC de cualquier abogado o de una dependencia judicial. Dicho programa generará la cédula de notificación. Una vez firmado digitalmente por el emisor, el texto es encriptado (para que no se lo pueda alterar y en garantía de la identidad del firmante) y transmitido electrónicamente a la oficina de Correo Argentino más cercana al domicilio del notificado.
Allí, se imprimirá en papel de seguridad y será distribuido por personal del correo. Concluido ese trámite, el comprobante se remitirá a la oficina judicial correspondiente.
Por ley, Correo Argentino es el correo oficial de la Argentina y puede dar fe postal. Este poder fedatario abarca el despacho, el contenido y la recepción de las comunicaciones fehacientes.
Denuncian a un juez federal
Ingresó en el Consejo de la Magistratura un pedido de remoción contra el juez federal Rubén Skidelsky, fundado en una resolución suya que habría beneficiado indebidamente a Correo Argentino.
La acusación se produce como consecuencia del dictado de una medida cautelar por parte del juez federal de Resistencia, en la causa “Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones (Chaco) y otros c/ Correo Argentino SA y Estado Nacional s/ medida cautelar”. En ella, entre otras disposiciones, el magistrado ordenó que el Estado Nacional se abstenga de rescindir el contrato de concesión de Servicio Postal oficial con el Correo Argentino S.A. y que le abone a este último todos los importes que le adeude a la fecha por servicios postales prestados e impagos, los que ascienden a más de cuarenta millones de dólares.
El abogado denunciante, Marcelo Cópopla, expresó en su escrito que esta cautelar "es una medida aberrante que impide al Estado Nacional rescindir el contrato ante la falta de pago del concesionario de casi $ 300 millones que adeuda de canon”. Para el letrado “ha existido una clara y poco disimulada intención de perjudicar los intereses de la comunidad a la cual dicho magistrado debería servir, para beneficiar los intereses de una empresa comercial ...estamos frente a una decisión que en forma voluntaria prescinde de los más mínimos criterios y normas jurídicas aplicables...otorgando incomprensibles e injustos beneficios a quien...en la pretensión cautelar deducida por los peticionarios, aparece no ya como tercero interesado sino como codemandado”, en referencia a la orden de que el Estado le abone saldos impagos a Correo Argentino.
En la presentación también se reprocha al juez el haberse atribuido indebidamente la competencia para resolver la medida cautelar cuando los únicos dos demandados tienen su domicilio en la Capital Federal. Justamente, ayer trascendió que el Gobierno pagaría al Correo Argentino 34 millones de pesos correspondiente a servicios prestados en 1999. La noticia se conoció luego de que el dueño de la empresa, Francisco Macri, acompañado por los cuatro dirigentes de los gremios que agrupan a los trabajadores de la empresa, brindó una conferencia de prensa en la que manifestó que no podrá pagar los sueldos hasta que el Estado cancele lo que adeuda por servicios prestados. La medida se oficializaría mediante un decreto de necesidad y urgencia.
Como contrapartida de la deuda que mantiene el Estado, Correo Argentino dejó de pagar el canon debido por la concesión, lo cual es un motivo que puede alegar el Estado para rescindir el contrato.