Carente de consenso entre los miembros de la Comisión, la diputada Elisa Carrió decidió dar publicidad al monumental trabajo de 1500 páginas de todas formas. Acompañada por los diputados Gustavo Gutiérrez y Graciela Ocaña, Carrió advirtió enfáticamente que las causas de tráfico de armas a Ecuador y Croacia y la conocida como IBM-Banco Nación deberían entrecruzar datos entre sí y con el informe realizado por los diputados porque tenían muchos puntos de contacto.
Los tres legisladores nacionales que ejercieron la oratoria durante las dos horas que duró la presentación hicieron además mención a la causa AMIA, a la que, según aseveraron, el informe agregará importantes datos sobre la llegada al país de los explosivos. En ése tráfico, Carrió acusó a Gaith Pharaon y a Monser Al Kassar, y asociado con ellos al ex secretario de la Presidencia Alberto Kohan.
La diputada Carrió además agradeció a la jueza María Romilda Servini de Cubría, “la jueza que más ayudó en la investigación”, y sugirió que las imputaciones que se le hicieron a la magistrada en numerosas ocasiones estaban relacionadas con sus investigaciones relacionadas a las irregularidades en la transferencia de activos financieros.
Gran parte de las hilaciones del informe sobre lavado de dinero en la Argentina tienen un nombre en común: Gaith Pharaon. Según los diputados, la llegada del magnate con sus negocios a la Aergentina se realizó en 1981 durante el gobierno de facto de Roberto Viola. “Omar Vaquir y Eduardo Menem lo recibieron” como funcionarios del gobierno, denunció Carrió.
Claro que gran parte de las explicaciones quedaron a cargo del demócrata mendocino Gustavo Gutiérrez, presidente de la Comisión, quien habló del caso Banco República y cargó contra Raúl Moneta. Durante la conferencia, inclusive, Gutiérrez mostró documentación en la que aparece la firma de Moneta acreditando la propiedad del Federal Bank, banco cáscara del República cuya propiedad siempre negó el banquero mendocino.
Otro de los grandes imputados fue el destituido presidente del Banco Central, Pedro Pou, “quien garantizó que las maniobras de lavado”, según acusó Carrió. Sin embargo, la diputada de ARI (Argentinos por una República de Iguales) agradeció al personal técnico del Banco Central y al actual presidente, Roque Maccarone, por la colaboración en la investigación.
Los jueces más castigados por el informe fueron Juan José Galeano y Claudio Bonadío. Al primero lo criticó duramente por la instrucción de la causa AMIA, mientras que al segundo le achacó no haber colaborado y aseguró que hay motivos para presentar un pedido de juicio político ante el Consejo de la Magistratura.