Se trata de 150.000 pesos que habían sido solicitados por la fundación Esperanza que integraba Salazar cuando su marido era gobernador de Tucumán, a la Secretaría de Lucha contra la Drogadicción y el Narcotráfico (SEDRONAR).
La denuncia fue formulada en su oportunidad por el titular del organismo oficial, Lorenzo Cortese, y quedó radicada en el juzgado federal 1 a cargo de María Servini de Cubría, quien se declaró incompetente para seguir investigando, decisión que fue apelada por el fiscal Carlos Stornelli.
Los fondos solicitados al SEDRONAR por la fundación, una de cuyas administradoras era la legendaria protagonista de "Jacinta Pichimahuida", tenían como destino la compra de terrenos para la construcción de un centro asistencial y la adquisición de un rodado en aquella provincia.
De acuerdo con la denuncia sólo se habría cumplido con parte de esos objetivos ya que en el sumario figura la compra de un terreno, mientras que no pudo justificarse el destino que se le dio al resto del dinero girado en el marco de un convenio en que también intervinieron las autoridades locales tucumanas.
Servini se declaro incompetente por una cuestión "territorial" y el pedido de Stornelli fue ratificado el fiscal de Cámara Germán Moldes quien, según explicaron fuentes judiciales confiables no presentó un "informe in voce" ni el memorial ante la Cámara. Ahora, la Sala Primera de ese tribunal, confirmó el pronunciamiento de Servini de Cubría al señalar que si bien en materia de defraudación el hecho pudo haberse cometido en distintos lugares, por razones de "inmediatez" será un juez local quien tenga mejores posibilidades de avanzar en la investigación.