El alto funcionario nacional ya había declarado en la causa como testigo y si bien no trascendieron detalles sobre el cuestionario los voceros consultados por Diariojudicial.com explicaron que las preguntas se refieren al conocimiento que pudo haber tenido acerca de la operatoria en la que estuvieron en danza 425 millones de dólares, con una extensión de 88 millones.
El magistrado federal procesó la semana pasada al ex titular del organismo recaudador Ricardo Cossio y a otros ex funcionarios y ex directivos de IBM en una causa que en los últimos seis meses cobró un nuevo impulso.
Cossio fue procesado por el delito de administración fraudulenta a raíz de la contratación directa con el consorcio IBM-Banelco, a la vez que se trabó embargo sobre los bienes de los 17 procesados por una suma superior a los 18 millones de pesos. Cavallo también procesó al ex presidente de IBM Ricardo Martorana y a otros ex miembros de la cúpula de la filial local de la empresa, quienes también habían sido procesados por el ex juez federal Adolfo Bagnasco, en la causa IBM-Banco Nación.
En ese contexto, Cavallo delegó esta semana las prosecución de las investigaciones en los fiscales de la causa Carlos Rivolo y Claudio Navas Rial, a quienes les pidió que se pronuncien respecto de la posibilidad de abrir una nueva línea investigativa relacionada con la existencia de una presunta asociación ilícita en la que aparecerían involucrados ex funcionarios de gobierno y de la multinacional IBM.
La presunta comisión de ese delito surgiría a partir de 23 contratos suscriptos por IBM en todo el país -que excluye el de IBM-Banco Nación- que se efectuaron en forma directa y que, según voceros consultados por Diariojudicial.com, estuvieron "hechos a medida" de la multinacional. Esas operaciones evidenciarían "distintas manifestaciones delictuales, autónomamente cometidos por la asociación ilícita".
Los fiscales Rivolo y Navas Rial viajaron en su oportunidad a distintos puntos del país, acompañados por sus pares Carlos Cearras y Pablo Rechini (a cargo de las investigaciones por IBM-Banco Nación) y llegaron a la conclusión que en los contratos suscriptos en Mendoza y Santa Fe, con los bancos provinciales, se urgió a efectuar la contratación por la instalación de programas de informatización, con precios desproporcionados.
Esa modalidad de contratos también se revelaría en otras investigaciones sobre la instalación de proyectos informáticos como es el caso de la ANSeS y la municipalidad de Avellaneda, en el Sur del Gran Buenos Aires.
Viqueira, quien esta semana renunció a su cargo en una subsecretaría del Ministerio de Trabajo, se entrevistó el lunes con los fiscales y destacó la "relevancia" del fallo dictado por Cavallo advirtiendo que "si se da el apoyo necesario a la causa se va a poder detectar la existencia de ganancias desmedidas por parte de IBM, las que giró ilegalmente al exterior”.
Los voceros consultados admitieron que también se han detectado "transferencias de dinero al exterior por sumas impresionantes, sin que se haya podido explicar el origen de ese dinero".
La causa IBM-DGI se inició a partir de una denuncia que formularon en 1995 los por entonces diputados Carlos "Chacho" Alvarez y Horacio Viqueira y Alfredo Bravo, quien continúa en su banca.
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