En la presentación efectuada por el abogado de Erman González, Fernando Archimbal, se cuestiona el procesamiento del ex ministro por el delito de falsedad ideológica respecto de la firma de los decretos 1697/91 y 2283/91 por los cuales se autorizó la venta de armamento. Archimbal sostuvo que su apelación ante la Casación obedece a que "se han agotado todas las vías posibles para la revisión del pronunciamiento acatado" , a la vez que sostuvo que tanto el procesamiento y embargo dictados por el juez federal Jorge Urso "como su confirmación de fecha 4 de abril del 2001 par parte de la Alazada, se encuentran afectados por un vicio de nulidad absoluta, toda vez que no cumple con la fundamentación exigida por los artículos 123 y 308 del Código Procesal Penal de la Nación, irregularidad ésta que viola los derechos de la defensa en juicio y regular proceso garantizados en el artículo 18 de la Constitución Nacional y en los Tratatados internacionales El abogado pidió la nulidad de ambos fallos debido a que "no se ha dado respuesta motivada a ninguno de los planteos opertunamente deducidos por la defensa". Al respecto advirtió en su presentación que "no basta que un fallo tenga fundamentos" ya que "es menester que estos fundamentos estén a su vez fundados y aparezcan directamente vinculados con los hechos sujetos a decisión". Sostuvo luego, en lo que considera una "erronea invocación de fuentes del Derecho" que existió una "arbitraria y tendenciosa interpretación de la prueba, en el delito de falsedad ideológica" contra su cliente por su intervención en el dictado de los decretos en cuestión "en su calidad de partícipe necesario".
Al respecto, advierte que "con suma liviandad" se afirma en el fallo cuestionado que los decretos "son idelógicamente falsos", uno de los aspectos más cuestionada por los juristas del justicialismo y los principales referentes menemistas han descartado en los últimos días, trás el pedido de indagatoria del ex presidente Carlos Menem. "Sólo sobre aquello que el documento prueba con efectos jurídicamente propios de documento público, puede considerarse la falsedad ideológica punible según el artículo 293", señala la presentación.
Por otra parte asegura que "ninguna probanza existe que permite siquiera suponer que fue Antonio Erman González quien hizo introducir en el texto del decreto, un destino distinto de aquel que le correspondía al material dispuesto para la exportación". En ese sentido asegura que, por el contrario, de una compulsa realizada en el expediente se verifica que "el destino que habría de darse al material bélico, venía señalado en el expediente originado en el ámbito exclusivo de Fabricaciones Militares, lugar en el que no sólo se incorporaron los certificados de detino final -con los que se acreditaba dicho extremo- sino también los compromisos y solicitudes que permitían dar origen a la operación comercial".
Tambien enfatiza que "aún antes de la llegada de Erman Gonzalez al Ministerio, alguno de estos decretos ahora en sospecha, habían tenido inicio y comenzado su tramitación administrativa en la que ya constaba el destino al que habría de remitirse el material adquirido". "En consecuencia, intentar atribuir a uno sólo de los firmantes de los decretos de la autoría de la inclusión de la aseveración falsa, resulta arto antojadizo y darente de todo sustento".
Fuentes cercanas a la causa, advirtieron que el propósito de la defensa apunta a dar validez a los decretos firmados durante el anterior gobierno, basándose en que esos actos no son revisables, de acuerdo a una "doctrina administrativa" antigua. La Cámara, en cambio entiende que "todo es revisable, porque el Estado es servidor del ciudadano".