22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

Detrás de las multas

El fallo que anuló ayer las multas fotográficas dejó al descubierto una fuerte interna de larga data. ¿Jurisdicción administrativa o Justicia local? ¿Empleados administrativos o magistrados?

 
El fallo de ayer del Tribunal de Faltas que declaró la ilegalidad y la ilegitimidad de las "multas fotográficas" y que provocó la reacción del Ejecutivo porteño al desconocer la decisión de los magistrados, generó un revuelo cuyas dimensiones son difíciles de mensurar y dejaron al desnudo una interna que ya lleva años entre la Justicia de Faltas y el Gobierno porteño.

La movida instantánea del Ejecutivo de la Ciudad a través de su secretario de Gobierno, Raúl Fernández, fue la de acusar a los jueces de dictar un fallo político ante la inminente desaparición del fuero, y la de definirlos como meros "empleados administrativos". Es más, una de las estrategias del gabinete que dirige Aníbal Ibarra fue la de hacer callar al secretario de Justicia, Facundo Suárez Lastra, y dejar que Fernández dirigiera la batuta.

En diálogo con Diariojudicial.com, el juez Guillermo Black, uno de los sentenciantes, aseguró que las acusaciones del Ejecutivo son "falsas", que "no fue un fallo político ni oportunista", y advirtió que los jueces no van a "mezclar" la interna con la decisión sobre las multas fotográficas, "como hizo el Ejecutivo". Al mismo tiempo, con tono irónico, definió la actitud del Gobierno de la Ciudad como "republicana y muy democrática".

El magistrado que votó en el fallo sobre las multas fotográficas como conjuez, definió como "muy grotesca" la actitud de los funcionarios, y los acusó al decir que "las agresiones las venimos soportando desde hace años". Black también aseguró que son jueces "con acuerdo", luego de que se dictara una norma conocida como "ley De la Rúa", ya que fue sancionada a instancias del otrora Jefe de Gobierno y actual presidente.

Por otro lado, Black hizo mención a un decreto reciente del Ejecutivo en el que se reconocen derechos hacia el futuro, "como dinero para el que acepte irse o la estabilidad para el que quisiera quedarse, reconociendo nuestra situación de jueces". "No negamos ser administrativos, pero somos jueces", reiteró Black, que denunció que desde el Gobierno "pretenden degradarnos diciéndonos que somos administrativos". "La condición de administrativos es simplemente burocrática, y no nos disminuye en nuestra posibilidad de actuar", aclaró.

El presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Juan Carlos Fernández Madrid, organización gremial que no agrupa a los jueces de la Ciudad, coincidió en que "tienen status de jueces".

"Si fueran empleados administrativos, sólo ejecutarían las faltas, con un poder menos discrecional", explicó el camarista laboral, que completó al decir que "están puestos para dirimir contiendas, con amplias facultades, y no pueden estar sometidos a una órbita superior, deben ser respetados".

Después del paradigmático fallo de la Corte Suprema conocido como "Fernández Arias", con importante apoyo en la jurisprudencia del Máximo Tribunal de Estados Unidos, quedó establecido como doctrina que los tribunales administrativos requerirían siempre de un control judicial posterior "suficiente" en tribunales ordinarios. Esta situación podría abonar indirectamente la postura del Ejecutivo, ya que decisiones de la Cámara de Apelaciones de la Justicia de Faltas fueron apeladas en el fuero Civil nacional.

Por otro aldo, quedó al descubierto con esta situación de conflicto que varios jueces de Faltas han presentado acciones declarativas ante la justicia Civil y el fuero Contencioso Administrativo y Tributario para que se reconozcan derechos adquiridos.

Colas para no pagar

Mientras tanto, largas colas de infractores se formaron hoy en el edificio en el que funciona el Tribunal de Faltas porteño, con la intención de evitar pagar las multas fotográficas. Desde primeras horas de esta mañana, la gente se agolpó en la puerta del Tribunal, ubicado en las calles Juan Domingo Perón y Carlos Pellegrini, con la intención de no pagar las multas, las que además consideraron "muy elevadas".

Fernández insistió así durante el día de hoy que el accionar de las cámaras que toman las fotografías para que luego sean enviadas las multas a los automovilistas "va a seguir". "El sistema sigue vigente, en función de que hay una ley dictada por la Legislatura de la Ciudad y por otra sancionada en octubre que ha corregido el sistema de faltas. Pero lo que es más importante, el 28 de marzo último el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires ha declarado la constitucionalidad del sistema ante el reclamo que había hecho un particular", explicó Fernández, en contradicción con lo especificado por los jueces en el fallo de ayer. Una interna que se está comenzando a jugar al descubierto.

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dju / dju
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