Tres de los policías que detuvieron supuestamente con tres kilos de cocaína a las dos personas ahora absueltas en la Iglesia de Balvanera, en las calles Azcuénaga y Bartolomé Mitre, en el barrio porteño de Once, están imputados en una causa que investiga actualmente el juez federal Claudio Bonadío. Se les imputa, precisamente, el fraguado de otro mega operativo conocido como “el caso de las esmeraldas”, en el que se imputó a una ciudadana paraguaya y a otros civiles el contrabando de un kilo de esas piedras preciosas y que finalmente resultaron ser réplicas con un valor simbólico de 10 pesos.
Los tres efectivos policiales que coinciden en ambas causas son el subcomisario Alejandro Ortega y los subinspectores Jorge Grillo y Rodrigo Alé, que cometieron “graves contradicciones en sus declaraciones” ante los magistrados, según afirmaron altas fuentes del tribunal oral a Diariojudicial.com. El tribunal presidido por la jueza María del Carmen Roqueta no llegó siquiera a expedirse sobre el fondo de la cuestión porque el fiscal federal Raúl Perotti decidió no acusar y pedir la nulidad de todo lo actuado por faltar elementos de sospecha a la hora de realizar el procedimiento.
La instrucción de la causa la había llevado el magistrado Rodolfo Canicoba Corral, y la sala II de la Cámara Federal ya había hecho advertencias sobre las dudosas declaraciones de los policías antes de que el caso se elevara a juicio oral y público.
El tribunal oral –que todavía no terminó los fundamentos- decidió elevar las actas del debate y la sentencia a la Cámara Federal para que sortee la causa y se investigue la conducta de los policías.
En el “caso de las esmeraldas” quien había advertido las irregularidades en el operativo fue el juez en lo penal económico Jorge Brugo, que sobreseyó a todos los imputados y acusó a los policías ahora investigados por Bonadío, que siguen en sus funciones.
Ambos casos son una pequeña parte de un gran muestrario de más de 50 episodios comprobados en los que algunos efectivos policiales –cuyos nombres se repiten sistemáticamente- seleccionan y detienen a personas generalmente de una amplia vulnerabilidad social, a quienes imputan en operativos de gran magnitud, en los que un lugar común es la presencia de medios periodísticos, sobre todo televisivos.
El objetivo de estos procedimientos fraguados parece ser ganar espacios en el escalafón jerárquico e incrementar las estadísticas de la acción policial. Parte del modus operandi es ir a buscar a las víctimas –que paradójicamente aparecen como autores de los delitos- a iglesias o estaciones de tren donde las personas, muchas veces inmigrantes, buscan trabajo. Así,los llevan al supuesto empleo, los dejan esperando con alguna bolsa o sobre con las pruebas incriminantes,y allí aparece la policía y comienza el proceso, como si fuera una mala broma kafkiana.