B) CONSULTOR. Número uno de la inteligencia americana -CIA y FBI- se transformó Galeano y su grupo de investigadores federales, que dirige el comisario mayor Jorge "Fino" Palacios, establecido, desde el momento mismo de los atentados en las "Twin Towers" de Nueva York y en el Pentágono de Washington, en la Triple Frontera de Argentina, Paraguay y Brasil. Pero esta aproximación no fue sólo de los sectores judiciales -al menos ya hay tres jueces federales en línea directa con la embajada de Estados Unidos, además de Galeano, le siguen Gabriel Cavallo y María Servini de Cubría- sino también de la SIDE, cuya relación con la CIA y con el resto de la comunidad de inteligencia norteamericana era totalmente fría desde que se filtró a un diario porteño la foto del ex jefe de la Central de Inteligencia Americana en Buenos Aires, Ross Newland. El hecho se convirtió en su momento en una "cuestión de Estado", pero el terrible atentado contra los objetivos civiles en Estados Unidos ha permitido disipar todo malestar anterior: "la relación con los americanos es excelente", dijo a este diario un colaborador del espía mayor, Carlos Becerra.
C) INFORME. Que no sabe porqué no se siguió pero que permite establecer como es que Ciudad del Este es una base de actividades de elementos extremistas del Hezbollah, de Hamás, de la Jihad Islámica, de Al Qaeda (vinculada con Osama Bin Laden) y de otras organizaciones terroristas fundamentalistas musulmanas, fue el que le hizo llegar la Inteligencia Militar al ex jefe del Ejército, Martín Balza y éste -se supone- debe haberla girado a sus superiores en el ex gobierno de Carlos Menem -ministro del Interior era Carlos Ruckauf- y por, consecuencia, al juzgado de Galeano. Esa información daba cuenta de dos integrantes de Hezbollah, Mohamed Yaguin y Hassan Mohamed Alí Euzinad, que estuvieron en la Argentina unos meses antes del ataque terrorista a la AMIA. Los musulmanes que ingresaron con pasaportes libaneses tomaron un avión de Varig hasta Sao Paulo (Brasil) y desde allí hasta Beirut, previa escala en Madrid, en un avión de Iberia. En el medio del fárrago de informaciones de ese momento, no hubo mayores precisiones en el juzgado de Galeano pero se sabe que estaba firmado por el propio ex jefe de Inteligencia del Ejército (GII), general (RE) Jorge Miná.
D) DATOS. Nuevos sobre el agujero negro que significan los movimientos financieros en el área de salud del gobierno tiene entre sus manos el juez Cavallo, quien analiza si debe excusarse o no de la causa por el hecho de que uno de los funcionarios a investigar es Héctor Lombardo, que además es un respetado pastor evangélico, como el juez. Ya existe un caso anterior en que Cavallo decidió apartarse de una investigación que involucraba al ministro de Salud por esta coincidencia religiosa. Pero Cavallo o el juez que lo subrogue deberá meter mano en la sospechosa intervención de la Obra Social del Ministerio de Economía en marzo del año 2000. En ese momento la OSME tenía 95.000 afiliados, recaudaba $ 5 millones por mes y tenía un pasivo de $ 28 millones. Pero en abril de este año cuando el interventor designado por Rubén Cano, superintendente de los Servicios de Salud y hombre de confianza de Lombardo, se presentó en convocatoria de acreedores con todos los servicios médicos cortados, declaró un pasivo de $ 35 millones, una recaudación mensual de $ 2 millones y 58.000 afiliados. En ese interín hubo cambios de toda la estructura prestacional, cuyos nuevos adjudicatarios no habrían cumplido con las condiciones mínimas que establece la Superintendencia de Salud. También llamó la atención en fuentes judiciales que la OSME se encuentra asistida en la convocatoria de acreedores por una consultora desconocida y cuyo titular tendría decretada su propia quiebra.
E) A BAJA ALTURA. Fue el comentario escuchado en selecto bar de Avenida Libertador entre importantes economistas, uno de ellos experto piloto profesional, y hombres de la Justicia sobre los dos accidentes áreos que conmovieron a la opinión pública y sobre los que existen serios cuestionamientos a la investigación judicial: el primero es el de Austral Líneas Aéras, cuyo avión cayó sobre la localidad uruguaya de Fray Bentos, muriendo todos sus ocupantes. En este caso la mayor responsabilidad habría sido del piloto, que sólo se preocupó por la pérdida del medidor de combustible y no chequeó el resto de los instrumentos, lo que lo llev¢ a poner el avión en picada con los motores a fondo, provocando la tragedia y el segundo, fue el choque del Boeing de LAPA al despistarse en el Aeropuerto metropolitano. En esta privilegiada mesa, se dejaron de lado por un momento las viscitudes del riesgo país y las de la ley de déficit cero, para incursionar en las responsabilidades de esas catástrofes: el profesional -cuyo nombre se reserva pero es un experto que se chequea periódicamente en Estados Unidos-, reveló pormenores del informe de la Junta de Accidentes Aéreos de ese país, con inquietantes conclusiones, aunque para muchos sigue siendo un enigma el verdadero estado sicológico de los pilotos, sobre todo en el accidente de LAPA.