La sentencia tiene alcance sobre unos 180 accionantes, entre jueces y funcionarios de las 18 departamentales que integran el territorio bonaerense, debido a que previamente, en 1998, unos 800 demandantes habían conciliado con el estado bonaerense el desistimiento a cambio un porcentaje de lo reclamado.
La declaración de inconstitucionalidad de los decretos 1286/92 y 2988/93 "firmados durante la gobernación de Eduardo Duhalde- asignaban al sueldo de funcionarios y magistrados sumas" no remunerativas ni bonificables".
Ahora, con la decisión judicial esas sumas se computarán como "remunerativas y bonificables", con la proyección sobre distintos rubros que integran el haber,por ejemplo, la bonificación por antigüedad y el bloqueo de título. El fallo fue firmado por los conjueces Guillermo Nano, Branko Cerowski, Raul Dellepiane, Carlos Varas, Oscar Huertas y Carlos Acevedo.
Con el voto en primer término del conjuez Guillermo Nano se afirmó que "resulta evidente que el Poder Ejecutivo, al sancionar los decretos 1286/1992 y 2988/93, se ha extralimitado en sus atribuciones". Asimismo se agregó que resultó "equivocada e improcedente" la invocación de las leyes de presupuesto de esos años, como explicación para determinar esas sumas salariales.
También señaló que a partir del decreto 1362/98, mediante el cual se autorizó la conciliación con magistrados, el gobierno "ha reconocido la naturaleza remunerativa y no bonificable, de los incrementos a que se refieren los decretos ya mencionados" y que por esa cuestión "No puede el Poder Ejecutivo, a partir del dictado del decreto 1362/98, negar a los actores, que ahora siguen el reclamo, la calidad remunerativa de los incrementos, que les reconoció a los que transaron los juicios, por imperio del decreto ya referido", se señaló.