20 de Noviembre de 2024
Edición 7095 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 21/11/2024

Texto cambiado

La Comisión de Acusación citará a la secretaria letrada de un Tribunal Oral Federal, a la que seguirían los magistrados integrantes del mismo, en un caso donde se investiga la presunta modificación de una sentencia.

 
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura citará a comparecer por el artículo séptimo a la secretaria María Claudia Morgese Martín, que firmó la resolución cuestionada junto a los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 de San Martín, Luis Alberto Nieves, Víctor Horacio Bianco y Daniel Cisneros quienes son investigados por el supuesto cambio de una sentencia –o párrafos de la misma- dictada el 21 de mayo de 2001 en la causa 935 “Rojas, Faustino s/ infracción a la ley 23.737”.

Así lo confirmó a Diariojudicial.com el consejero Juan Mario Gersenobitz, quien manifestó que, luego de haber escuchado el testimonio de la defensora oficial Estela Fabiana León, quien mostró a los consejeros la copia de la sentencia del Tribunal con las firmas de los tres jueces, la secretaria y fecha de protocolización, “el paso que sigue es citar a la secretaria y luego a los magistrados” quienes deberán dar explicaciones ante la Comisión que los llamará a declarar por el artículo noveno. Esta decisión está fundada, además, en los resultados de las pericias a las computadoras del juzgado, que aparentemente perjudicarían la posición de los magistrados.

La defensora León denunció a los camaristas por los presuntos delitos de supresión de documento público y falsedad ideológica. La denuncia recayó ante el juzgado federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro número 2, a cargo del juez Conrado Bergesio pero, por razones de turno, la causa pasó luego al juzgado número 1 a cargo de Roberto Marquevich. Este ordenó realizar pericias a los archivos de esas PC y se habría comprobado la existencia de dos documentos que serían las resoluciones que los camaristas habrían modificado.

La defensora oficial declaró ante la Comisión de Acusación y brindó información acerca de lo ocurrido con su cliente, un comerciante a quien le encontraron 40 kilogramos de cocaína en su negocio pero que responsabilizó de la tenencia de la droga a su mujer y su hijo menor. El Tribunal fijo la pena de 4 años y 3 meses, en tanto que el fiscal solo había pedido 4 años. Ante esto, la defensora oficial interpuso un recurso de casación pero los jueces del Tribunal respondieron con frases textuales de una sentencia distinta a las que a la copia que ella recibió al notificarse, “para que Casación rechace el recurso” según aseguró León ante la Comisión al tiempo que afirmó que “era todo un invento”.

“La defensora trajo la copia y la cotejó con la sentencia –informó Gersenobitz- y no decía lo mismo. La copia de la letrada tiene las firmas de los jueces, de la secretaria y la fecha de protocolización”, concluyó el consejero.

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dju / dju
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