B) ENOJADISIMA . Y preocupada, se la vio la semana última a la juez federal María Servini de Cubría por las declaraciones de Domingo Cavallo al programa de Mirta Legrand. El ministro de Economía sostuvo que la jueza le había comunicado que la documentación que entregó la diputada Elisa Carrió eran falsas y eso encendió la ira de la jueza, quien juraba a quien quería oírla que jamás había llamado a Cavallo y que por otro lado, jamás habla con los acusados a quien investiga ya que el ministro tiene en ese juzgado una causa por presunto enriquecimiento ilícito. Servini explicó para fundamentar esa filtración que quien vio el expediente fue el abogado de Cavallo, Eduardo Oderigo, quien además sacó fotocopias del expediente y se los entregó a su jefe que después fueron utilizadas por Horacio Liendo para escarnecer a Carrió. Es que en realidad, esos papeles sólo certifican las firmas pero no el contenido y muchos menos que sea un original de IMOLIN (organismo de Inteligencia Financiera de las Naciones Unidas) o del FINCEN norteamericano que se dedica a la misma especialidad. En concreto, esta columna, pudo certificar que en el juzgado de Servini de Cubría existe una fotocopia con un sello del IMOLIN y otro del FINCEN no muy claro, una firma de un supuesto Díaz que firma el informe y después la firma de un escribano de Montevideo certificando la firma de ese Díaz, el sello y firma del Colegio de Escribanos certificando, a su vez, al escribano y el Consulado de Argentina en Uruguay, dando fe de la firma del Colegio de Escribanos. De todos modos, Servini espera la información oficial del FINCEN –cuyos funcionarios en Estados Unidos estaban muy preocupados por la filtración de datos- para archivar la investigación o indagar a Cavallo.
C) IMPLACABLE. Aunque de bajo perfil, ha demostrado ser la fiscal en lo Penal Económico, Gabriela Ruiz Morales. En realidad en ese fuero abundan las mujeres representantes del ministerio Público que impulsan causas pesadas y con relativo éxito ya que también otra fiscal, Alicia Sustaita, logró que la cámara del fuero cambiara la calificación de Carlos Carballo, ex viceministro de Defensa de Erman González y lo dejara preso. Pero volviendo a Ruiz Morales, no sólo tiene contra las cuerdas a Franco y Mauricio Macri por presunto contrabando de la ex empresa Sevel sino que, ahora, piensa impulsar la indagatoria a todo un directorio completo de REPSOL-YPF por presunta violación de la ley penal tributaria. En las cercanías de Ruiz Morales se sostiene que existen pruebas contundentes como para sentar en el banquillo a los ejecutivos de la poderosa petrolera. La denuncia provino de la UFITCO, la unidad creada por la Procuración en el seno de la DGI para investigar casos complejos y al mismo tiempo colaborar y emprolijar las denuncias por evasión impositiva, ya que era considerable el número de casos en que los jueces observaban por defectos formales las presentaciones de los abogados del organismo recaudador de impuestos. Y hablando de la UTFICO: desde que se alejó Maximiliano Rusconi, soplan brisas de calma en la interna de los fiscales, que han contribuido a cerrar el frente interno de Nicolás Becerra.
D) MALESTAR. En niveles superiores con el fiscal Eduardo Di Massi, por haber apelado la decisión del juez Gabriel Cavallo de conceder la excarcelación a los 10 marinos que habían sido detenidos preventivamente por un pedido del juez español Baltazar Garzón, quien los acusa de haber cometido los delitos de presunto genocidio, terrorismo y otras violaciones a los derechos humanos. En un principio, Cavallo –recién retornado de Madrid y en donde se fotografió con Garzón- ordenó la captura de los ex oficiales pero éstos se presentaron en masa detenidos y quedaron a su disposición. Luego el juez, cuyo pliego para ascender a camarista se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, volvió sobre sus pasos y excarceló a los marinos hasta tanto ingrese por la Cancillería argentina el pedido de extradición de Garzón. Pero como Argentina no le reconoce al juez español jurisdicción para investigar a estos militares por encontrarse bajo el beneficio de leyes argentinas de Obediencia Debida y Punto Final, se cree que Cavallo no tendrá causas complicadas en su ascendente camino hacia el sillón que el ex juez radical Juan Cortellezzi dejó vacío para irse a España por amor, aunque luego volvió pronto de su encandilamiento. Tampoco el juez –una de las revelaciones de los últimos tiempos en el fuero federal por la cantidad de cursos de posgrado que realizó- se verá expuesto en otras dos causas con alto voltaje político: las comisiones que se pagaron a los bancos por el canje de la deuda externa -megacanje- y las denuncias contra altos funcionarios de la salud, incluido el ministro Héctor Lombardo. En el primer caso se hará cargo el titular del juzgado número 5, Norberto Oyarbide y en el segundo se excusará porque el ministro de Salud pertenece a la misma órden religiosa que el juez.
E) WESCHSLER. Ricardo es otro, de los muchos que hay en tribunales, fiscal de bajo perfil que produce hechos detonantes. Hasta su despacho de la Cámara de Casación Penal, en el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py, han llegado causas importantes, como el caso de la ex Sevel en la que rechazó las pretensiones de la empresa de no ser tenido como parte porque todo el presunto ilícito había sido cometido por los Macri. En ese incidente que –ahora- debe decidir la cámara de Casación Penal y que puede ser vital porque si saca del juicio al Grupo Peugeot-Citroën alivia considerablemente al gobierno porque la empresa ha anunciado que se irá del país si es condenada por un hecho cometido por socios anteriores. Hasta el canciller francés llegó a presionar ante su colega argentino, Adalberto Rodriguez Giavarini y éste se lo trasmitió al ex de Economía, José Luis Machinea, quien instruyó a la Aduana para que desista de ser querellante. La Aduana lo hizo parcialmente con respeto a la empresa pero no beneficiando a los Macri y otros acusados. Pero volviendo a Weschler, acaba de producir otro dictamen que traerá polémica: en una causa impulsada por la Escuela de Yoga de Buenos Aires y apoyada por los organismos de derechos humanos, pidió que se saquen fotocopias y se impulse un caso penal contra José “Pino” Paparella. Los cargos son graves: (presunta) corrupción de menores y narcotráfico. Lo paradójico es que Paparella y un grupo de madres acusaban a la Escuela de Yoga de haber supuestamente corrompido a sus hijas mayores de edad a quienes les niegan capacidad para discernir.