En ese sentido admitió que "es muy difícil" discernir que es materia judiciable de lo que es opinable en materia política y que se trata de establecer si "hubo alguna conducta dolosa o si sólo se trató de cuestiones vinculadas a negligencia".
"Estamos esperando los resultados de pericias que están realizando contadores de la Asesoría de Tribunales sobre todo el material que llegó a la fiscalía y que va a llevar bastante tiempo estudiarla", precisó.
También señaló que espera los respectivos dictámenes de organismos tales como el Tribunal de Cuentas, Contaduría, Fiscalía de Estado y Tesorería, para determinar "si todo está en regla y si se ha cumplido legalmente con las normas vigentes en la ejecución de esas partidas presupuestarias".
"Se trata de acreditar la materialidad de presuntos ilícitos", explicó el representante del Ministerio Público y que "hasta el momento es prematuro establecer conclusiones al respecto".
Asimismo, aceptó que de existir necesidad de convocará a expertos de renombre en materia económica pero sólo si los peritos convocados se encuentran superados en su labor, situación que "no se da en este momento, dado que me manifestaron que se encuentran en condiciones de continuar con su pericia".