En diálogo con Diariojudicial.com, la diputada Alicia Pierini dijo hoy que los funcionarios que actualmente ocupan los dos cargos para los que ahora concursarán “fueron elegidos a dedo” y que el objetivo del Consejo es el de legitimarlos. Los cargos a cubrir son los de las direcciones de Ejecución Presupuestaria del Poder Judicial y del Consejo de la Magistratura, para los que en la convocatoria a concurso no se exige ningún título académico, “ni de abogado ni de contador, ni de Licenciado en Administración de empresas”, según advirtió Pierini.
La diputada justicialista explicó que a partir de la convocatoria a este concurso interno, en la Legislatura local comenzaron a descubrir una serie de hechos que calificaron de irregularidades, y por eso decidieron la citación de los tres consejeros designados por el órgano legislativo: el presidente Juan Octavio Gauna, radical y ex Procurador General de la Nación; Gloria Bonato, designada por el bloque justicialista en la anterior conformación del cuerpo; y Norberto Lorenzo, representante del Frepaso porteño que reemplazó a su partidario Arístides Corti.
Según explicó Pierini, “aún no se sabe quiénes integrarán el jurado” del concurso. Pero la legisladora además aseguró que en la próxima convocatoria, que está prevista para el viernes –aunque la fecha todavía no es segura por el revuelo que generaron las elecciones-, se interrogará a los consejeros respecto de otros puntos que consideran desconocidos en la administración del cuerpo que se ocupa de designar y remover a los jueces de los fueros porteños, además de administrar el presupuesto de la Justicia local.
Según la ex subsecretaría de Derechos Humanos durante el gobierno de Carlos Menem, “no se sabe cuánto personal hay en el Consejo, cómo fueron designados los empleados aunque hay una ley que obliga a dar a publicidad al personal y tampoco hay noticias de los balances anuales” que el cuerpo tiene que rendir sobre el manejo del presupuesto de la Justicia.
Por otro lado, Pierini se quejó de que el Consejo no cumpliría con la ley 132 de la Ciudad, que determina que los organismos deben contar con una base de datos de acceso público en la que deben constar todas las contrataciones, que se estarían haciendo en forma directa y sin licitaciones públicas.
Después de casi tres años de estar en funcionamiento, en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad aún no hay representantes de los jueces, mientras que sí fueron designados los de la Legislatura y quienes fueron seleccionados por los abogados de la matrícula.
Desde otro punto de vista, el legislador aliancista Roque Bellomo sostuvo en conversación con este medio que el pedido de informes “invade un terreno del Consejo”, al tiempo que destacó que la redacción del mismo “da vergüenza ajena”.
Según Bellomo, la iniciativa fue “una maniobra de Marta Oyhanarte (presidenta de la Comisión de Justicia) tendiente a aprobar sin debate el proyecto e inserta en la campaña electoral”. Por otro lado, Bellomo criticó que el proyecto de informes haya sido aprobado en el recinto y “sin ninguna profundidad” al no ser debatido en la Comisión de Justicia.