Así lo confirmaron a Diariojudicial.com fuentes de la Procuración, que comenzaron a sentirse aliviados ante una situación que habían interpretado como de avance sobre la autonomía funcional y la autarquía financiera que la Constitución reformada en 1994 (artículo 120) asigna al Ministerio Público en su carácter de extrapoder.
El Procurador General, Nicolás Becerra, había interpuesto ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal el pasado jueves 11 un amparo acompañado de una solicitud de no innovar, recurso que recayó en el juzgado a cargo de Guillermo Rossi. Según fuentes consultadas, la Procuración le comunicó al juez que la Secretaría de Hacienda se había comprometido a cumplir con las cuotas que la ley de Presupuesto Nacional había fijado para los últimos tres meses del año, con lo que los efectos procesales de la presentación se suspenderían.
La cuota correspondiente a salarios del Ministerio Público para octubre, noviembre y diciembre es de 14.640.825 pesos, pero la Secretaría que maneja Jorge Baldrich en el Ministerio de Economía había puesto a disposición era de sólo 12.548.000.
Al día siguiente de la presentación del recurso de Becerra, dirigentes de la Asociación de Magistrados e integrantes de su Comisión de Ministerio Público enviaron al Procurador una nota a la que tuvo acceso este medio, en la que sugirieron algunas medidas tendientes a ahorrar parte de los dos millones que serían recortados de los sueldos.
Entre las sugerencias, se planteó la posibilidad de “redistribuir” las partidas correspondientes a unidades no creadas por ley, como la Oficina de circuito del barrio de Saavedra, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), la unidad de apoyo y Control Funcional y la Unidad de Auditoría Interna, propuesta sin dudas polémica que generará roces en las internas del Ministerio Público.
Por otra parte se sindicó como prescindibles los servicios de limpieza por contrato, las suscripciones a revistas y publicaciones internas e inclusive el Informe Anual de la Procuración que cumple el rol de la rendición de cuentas que Becerra debe hacer todos los años ante el Poder Legislativo.
Además se volvió a hacer hincapié en los resultados que para la actividad de las fiscalías Criminales de Instrucción y Correccional generó la sanción de la ley 25.409 (investigación de delitos de autor desconocido), concentrando en el Ministerio Público Fiscal Penal el 80 por ciento de todas las investigaciones que se inician y sumando 120 mil expedientes al año. Todo eso sin contar que la ley se aprobó sin su correspondiente asignación presupuestaria.
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