Sin embargo, "si la defensa pide la excarcelación bajo cualquier otra forma de caución es seguro que se la concederán", confiaron fuentes judiciales.
Sin embargo, los fiscales que investigan la causa sostienen que el ex concejal radical estuvo prófugo durante dos años y no tiene domicilio constituido en la Argentina, por lo que piden la aplicación del artículo 319 del Código Procesal Penal , que no permite la libertad ante la posibilidad de que el imputado eluda a la Justicia.
De todas maneras, el juez tiene diez días, a partir de la fecha en que Roselló concurrió a la audiencia en la que debía prestar declaración indagatoria, para decidir la situación procesal del imputado.
Roselló compareció ante el magistrado a cargo del juzgado de instrucción nº 27 tras llegar al país extraditado de Brasil, donde estaba preso desde hace 10 meses cuando fue detenido luego de haber permanecido prófugo de la Justicia desde el 30 de octubre del "99.
El detenido está siendo investigado por presunta malversación de caudales públicos en 45 casos, por los que habría causado perjuicios el Estado por el monto de un millón cuatrocientos mil pesos, lo que le ameritaría penas de entre dos y diez años de prisión.
El juez Baños instruye el expediente de casi 80 cuerpos por el que investiga el sistema de contratación de empleados utilizado por el ex Concejo Deliberante, por el cual los trabajadores no asistían al cuerpo a pesar de figurar en el plantel oficial.
La semana pasada, Roselló se negó a declarar ante Baños por la causa "ñoquis", así como por otro expediente vinculado a una denuncia por amenazas coactivas en la que el querellante es el presidente Fernando De la Rúa.
En esa causa, Roselló fue acusado por el Presidente por un intento de extorsión relacionado con tráfico de influencias en favor de los exámenes de sus hijos en la facultad de Derecho. Según las fuentes, Baños le había explicado que sólo fue extraditado para responder por la causa del ex Concejo Deliberante y no por la de amenazas que le imputó De la Rúa.
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