En un acuerdo aprobado ayer por unanimidad, el máximo Tribunal solicitó que desde el Ejecutivo se “efectivicen la tutela de los internados que, con arreglo a la legislación de fondo, está obligado a brindar el Consejo Provincial del Menor en el ejercicio de las potestades concurrentes del Patronato, respetando los derechos y la seguridad de aquellos fomentando su bienestar físico y mental (Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad)”.
La Corte recordó que desde el 20 de septiembre de 2000 está habilitado en la Subsecretaría del Patronato de menores un registro de denuncias de apremios y malos tratos físicos o psíquicos en perjuicio de menores tutelados, señalándose que “a un año de su instrumentación se registra en su banco de datos una cifra que supera el millar de denuncias –todas ellas radicadas por ante el fuero penal”.
En el acuerdo, que lleva el número 3012, se afirma que “con anterioridad y en consonancia con la preocupación puesta de manifiesto en reiteradas oportunidades por este tribunal respecto de la problemática de la minoridad se había solicitado a través de su Presidencia nómina de niños y jóvenes bajo patronato estatal muertos en presuntos enfrentamientos policiales durante los años 1999 y 2000, verificándose de la información brindada en tal sentido por los magistrados del fuero especializado al menos sesenta casos”.
“En el curso del presente año, habiéndose tomado conocimiento de otros hechos similares , y cotejados los datos de las víctimas con los del Registro de Denuncias, se observó que algunas de ellas habían expuesto con anterioridad amenazas y /o tratos lesivos a su persona atribuyéndolos a personal de las comisarías bajo cuya jurisdicción se produce luego el enfrentamiento”, se agregó en el acuerdo.
La preocupación ya había sido expuesta por el titular saliente de la Corte bonaerense, el doctor Elías Laborde, en las recientes jornadas sobre “Servicio de Justicia, Niñez y Derechos Humanos” desarrolladas en La Plata cuando señaló entre otras cosas que “el tema de la minoridad concita más perprejlidades que resultados”.
Laborde, en esa disertación, añadió que “lamentablemente este es el país de la utopía donde las acciones se contraponen, los recursos se malgastan y se diluyen” y que “la niñez se ve obligada a caminar al borde del precipicio, a incurrir en delitos, a robar, a caer en drogas y adicciones” preguntándose luego: “¿qué hacemos con ese chico?, ¿le enseñamos lo que le falta para que se perfeccione?, ¿los lanzamos a la calle y los terminamos matando?”
El acuerdo fue firmado por unanimidad por el doctor Laborde y los ministros, doctores Juan Carlos Hitters (presidente entrante), Eduardo Pettigiani, Juan Manuel Salas, Eduardo de Lázzari, Ernesto Ghione, Alberto Pisano, Héctor Negri y Guillermo San Martín, además del Procurador General, Dr. Eduardo De La Cruz.