Así, Laura Ginsberg, de Memoria Activa y familiar de una de las víctimas del ataque, aseguró en diálogo con Diariojudicial.com que las dos espías habrían participado en la negociación para el pago de 400 mil pesos a Carlos Telleldín, uno de los imputados, a quien se le reprocha haber armado la camioneta que se habría utilizado como coche bomba.
Sin embargo, Marta Nercellas, abogada de la DAIA, precisó que las testigos, conocidas como Marta y Gabriela –dos nombres ficticios- no estuvieron involucradas en el presunto pago del dinero a Telleldín, sino que habrían sido parte de una operación del ex jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy para “escamotearle” datos al juez federal instructor Juan José Galeano, de acuerdo a una denuncia de su ex prosecretario Claudio Lifschitz, que según Nercellas “no está acreditada”.
Según Lifschitz, -que fue procesado por supuesta violación de secretos en primera instancia y desprocesado luego por la cámara federal-, la SIDE armó una causa paralela que aún tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora a cargo de Alberto Santamarina con el objetivo de obtener datos de la instrucción que encabeza Galeano. Con la finalidad de desentrañar estas confusas situaciones es que Bonadío decidió citar a las dos testigos sin que se conozca ni la fecha ni la hora en la que se hará la declaración para que se mantenga el secreto.
Bonadío, por su parte, investiga si Galeano cometió algún delito al encarar la instrucción de la causa que desde hace un mes entró parcialmente en la etapa de debate oral –la investigación de la conexión internacional continúa en marcha- y en la que se intenta comprobar si los 20 imputados son efectivamente –como supone la acusación fiscal- responsables de la denominada “conexión local” en el atentado contra la sede de la mutual judía.
La futura declaración ya provocó algunos conflictos entre las partes. Ginsberg se mostró molesta porque Bonadío tomará el testimonio sin permitir el acceso de las partes a la audiencia, manteniendo el secreto de Estado que reclama Carlos Becerra, el jefe de la inteligencia local. “Les está dando el papel de testigos protegidos”, advirtió notablemente molesta. Tanto la querella de Memoria Activa como las de la AMIA y de la DAIA debieron presentar “pliegos de preguntas” que Bonadío incorporará a las que él mismo considere pertinentes.
Lo que sí es seguro es que las dos testigos surgieron de la declaración de Claudio Lifschitz, cuya denuncia de serias irregularidades en la instrucción dio lugar a la apertura de la investigación que ahora encabeza Bonadío.
Lifschitz sostuvo en un libro de su autoría que el Estado a través de la SIDE y con la connivencia de Galeano le pagó a Telleldín los 400 mil pesos para que declarara que entregó la camioneta que se utilizó como bomba al ex comisario Juan José Ribelli y a varios policías que dependían de él, todos ellos ahora soportando el juicio oral.
De acuerdo a la versión del ex prosecretario, la SIDE armó la causa que tramita Santamarina, en la que se investiga la presencia de células terroristas en el país antes del atentado a la AMIA –que según Lifschitz eran investigadas por la inteligencia argentina antes de que perdieran el control sobre ellas- así como también la presencia convergente de un ciudadano iraní y de un ingeniero experto en explosivos en el Hotel las Américas, una semana antes del ataque terrorista en el que perdieron la vida 85 personas.
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