La denuncia, que recayó en el juzgado federal que por el momento continúa a cargo de Gabriel Cavallo, fue presentada por los diputados Elisa Carrió, Alfredo Bravo, Hector Polino, Jorge Rivas, Domingo Sacarías y Oscar González, quienes formularon cargos por los delitos de “fraude en perjuicio de una administración pública, usura y asociación ilícita”.
También imputaron la comisión de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público; cohecho pasivo y tráfico de influencia, malversación, peculado, negociaciones incompatibles con el ejercicios de funciones públicas y fraude al comercio y la industria”.
Asimismo, y ante versiones de funcionarios respecto de la venta de las acciones que pertenecen al Estado, los denunciantes reclamaron a Cavallo que dicte una medida de no innovar mientras se lleve a cabo la investigación, en tanto solicitaron que se designe un “interventor veedor” en la institución.
Recordaron también que el supuesto fin de la privatización impulsada por el gobierno de Menem, fue la aplicación del producido de la venta de las acciones a la constitución de un Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional, cuyo objetivo sería financiar un programa de inversiones publicas en obras de infraestructura que “nunca se realizó”.
La denuncia alcanza, además de Menem, al ex ministro de Economía Roque Fernández; al ex director del Hipotecario Pablo Rojo; al actual secretario de Finanzas Daniel Marx, así como también a Miguel Kiguel, Francisco Susmel, Guillermo Sorondo, Julio Macchi, Ediardo Sergio Elsztein, Harold Freiman, Ruben Mosi, Armando Riopedre, Ricardo Flammini, Gustavo Vidan, Jorge Isso, Silvana Gentile, Gustavo Efkhanian, Alejandro García Cuerva, Armando Guiber y Nicolás Dilernia.