Silva Garretón se pronunció así al hacer extensiva una medida similar que había dictado a mediados de noviembre cuando se había conocido el contenido de un decreto del por entonces presidente de la Nación Carlos Menem, por el que se recortaban, dentro del Presupuesto Nacional, 82.696.780 pesos a las sumas asignadas a la Universidad Nacional de Buenos Aires.
En aquella medida, el magistrado ordenó al ex jefe de Gabinete de Ministros que "se abstenga de realizar cualquier clase de recorte o disminución de las partidas asignadas a la Universidad de Buenos Aires mediante la ley de Presupuesto".
Sin embargo, la publicación en el Boletín Oficial del mencionado decreto se produjo el 18 de noviembre, fecha posterior a la resolución del juzgado, razón por la cual ahora, y con otro gobierno, el magistrado ratificó la medida hasta tanto no se haya resuelto la cuestión de fondo respecto de los reclamos de las autoridades universitarias.
"De hacerse efectivo lo dispuesto en la norma impugnada, en cuanto afecta a la Universidad Nacional de Buenos Aires, se produciría, aparentemente, un resultado contrario al buscado, pues la asignación de los créditos presupuestarios a otros fines le impediría satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y, consecuentemente, frustraría el objetivo de atender las necesidades mínimas e impostergables a cargo del Estado Nacional, como es, indudablemente, la educación pública, advirtió el magistrado.
Por otra parte, y contrario a las pretensiones de la fiscalía, Silva Garretón destacó que a su criterio "las Universidades Nacionales son organizaciones administrativas con jerarquía constitucional, que gozan de plena autonomía y autarquía y tienen absoluta independencia del Poder Ejecutivo Nacional, encontrándose sólo sujetas al Congreso Nacional en los estrictamente referido a su creación y --justamente-- la asignación periódica de recursos.