“La historia es ridícula, no tiene sostén”, se defendió García, al explicar que no tuvo "nada que ver" con los episodios que se le imputan. García está sospechada por su actuación como síndico o titular de una empresa vinculada a familiares del ex almirante condenado Emilio Massera, a la que se transfirieron bienes de empresarios que estuvieron detenidos en la ESMA.
La juez explicó hoy ante la Comisión de Acusación del Consejo que tuvo una hermana desaparecida, militante montonera, y así pretendió justificar que en modo alguno pudo haber colaborado "con los secuestradores" de su familiar, quienes le "provocaron un tremendo dolor".
Sin embargo, lamentó la verdadera historia que se ocultaba detrás de un manejo irregular en el que se vio involucrada "sin saberlo" porque "era una abogada recién recibida" que trabajaba "como practicante" en una escribanía que habría cometido los ilícitos. "Fue doloroso saber que yo cooperé con los que hicieron lo que hicieron con mi hermana", sostuvo.
"Mi familia fue víctima de aquella historia. Hoy siento que me pasa lo mismo: aparecí en una libretita de alguien y ahora vienen a buscarme", se defendió. García además expuso un largo relato de los hechos que habrían ocurrido entre 1977 y 1979, pero aseguró que cuando se produjeron los presuntos desapoderamientos ilegales ella no participó en los hechos.
La causa principal, que lleva adelante Bonadío, es un desprendimiento de otra en la que fue juzgado el ex represor Alfredo Astiz y en ese marco el magistrado ordenó el arresto de media docena de ex jefes navales que actuaron en la ESMA y un escribano que presuntamente intervino en las transacciones.
Lo producido en esta audiencia, mas la prueba remitida por Bonadío, obligará a los consejeros a decidir si suspenden o no a la juez y si esa suspensión, de producirse, será por un plazo determinado -el juez después de indagarla podría decretar su falta de mérito- o sin límite de tiempo.
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