La medida, tomada a través de una resolución firmada el 29 de octubre, molestó a varios de los 18 concursantes, quienes prefirieron mantener un bajo perfil por razones obvias pero aseguraron no entender la finalidad de la dilación, que podría llegar a los dos meses. Durante ese tiempo se formará una comisión ad hoc integrada por funcionarios del Ministerio Público y de la cartera de Justicia con el objetivo de analizar una reforma en la Fiscalía investigadora.
Precisamente, dos semanas antes el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, había dictado otro acto administrativo por el cual invitaba a Becerra a integrar junto a funcionarios de su cartera esta comisión. Según sus fundamentos, “la experiencia recogida durante la vigencia del citado régimen legal –el de la actual ley Orgánica del Ministerio Público (24.946), posterior a la reforma constitucional de 1994- hace aconsejables ciertos ajustes de las funciones atribuidas a la FNIA para mejor coordinación con las que competen a otras entidades públicas”.
La mención a la “mejor coordinación con las –funciones- que competen a otras entidades públicas” puso también en estado de alerta a la Oficina Anticorrupción, que depende de la cartera que encabeza el hermano del presidente. Luego de la muerte de Jorge Pinzón, el último Fiscal a cargo de la FNIA, Becerra pasó a la ofensiva y envió al Senado un proyecto para eliminar la Dirección de Investigaciones de la OA una vez que la FNIA tuviera una nueva cabeza.
Fuentes del Ministerio de Justicia admitieron que allí se tiene en cuenta que habrá “zonas grises” entre el trabajo de la OA y de la FNIA, aunque aseguran que De la Rúa propuso crear la comisión ad hoc con otras intenciones y que la decisión “conjunta” del ministro y el Procurador de suspender el concurso es porque “hay que resolver las cuestiones conflictivas antes de poner una nueva cabeza” en la FNIA.
La hipótesis apunta a que quien llegue a la Fiscalía se encontrará con un organismo burocrático que tiene “el triple del presupuesto de la OA y que desde hace diez años que no hace nada”. Además, en Justicia se quejan de que aun ante la crisis, personal del Ministerio Público cobre sus sueldos de los fondos propios de Justicia, en certera decadencia por la recesión. Vale recordar que la cartera recibe un porcentaje de entes recaudadores como el Registro Automotor o la Inspección General de Justicia. Según las fuentes consultadas, no realizar estas reformas “generará que quien gane el concurso tenga que entrar a la Fiscalía con una ametralladora”.
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