El ex funcionario fue acusado de haber gastado sumas millonarias “para satisfacer su ego personal y su afán de protagonismo”.
También, según se pudo saber hoy, los representantes del Ministerio Publico reclamaron al juez federal Claudio Bonadío, los procesamientos de los directivos de la firma AB Grupo de Comunicación Carlos Azaritti y Ricardo Morini, en una causa que se inició a partir de una denuncia sobre el presunto pago de sobreprecios en la publicación de tres mil ejemplares del llamado “libro verde” que con el título “PAMI una transformación necesaria” hacía un balance de la gestión de Alderete al frente de la entidad.
En torno a esa contratación, las investigaciones llevadas a cabo por el juzgado establecieron que “directamente desde la presidencia” del Instituto Nacional de Seguro Social y Salud para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) se dispuso la edición de seis mil copias de un balance de gestión de autoría de Alderete.
Al respecto “se probó que la empresa, por un lado cobró por la edición y producción del mismo y por el otro, cobró por sus impresiones y reimpresiones”, además de su traducción al ingles .
Luego de la realización de distintos allanamientos se amplió la investigación a “toda una gama de servicios comunicacionales y de impresión” que Alderete había contratado con la empresa, que se extendieron a seis hechos, a partir de los cuales se llamó a indagatoria a Alderete, Azaritti y Morini.
Sucede que además de la impresión del libro Alderete le encomendó a la mencionada empresa tareas de asesoramiento en materia comunicacional y un seguimiento mensual de información “siendo que dentro del ámbito de la Gerencia de Comunicación Social del propio instituto se confeccionaba, correlativamente con aquella, dicho resumen”.
En cuanto a las responsabilidades, los fiscales entendieron que se encuentra “acreditado con el grado de certeza que este estadio procesal requiere que los nombrados suscribieron un contrato en virtud del cual se realizaron diversas operaciones en claro perjuicio para los intereses” del Instituto.
Destacan luego que de acuerdo con el plexo probatorio Acumulado en el expediente “se avizora con claridad que el contrato celebrado entre el PAMI y la empresa AB Grupo de Comunicación puede ser tildado como un acto innecesario, y perjudicial para las arcas del organismo, por cuanto, desviándose del objeto social del instituto, se dio preponderancia al aspecto comunicativo que obedecía a un interés personal de Alderete, contrario al asistencial, que constituye el fin esencial para el cual el INSSJP fuera creado y organizado”.
Los fiscales entienden que tal afirmación “permite encuadrar la actuación de Alderete como un administrado infiel dentro de los parámetros reprochables de la figura normada en el artículo 173 inc.7 “ (CP), al quedar demostrado que “conforme se ha demostrado, dedicó recursos económicos, recursos humanos y capacidad de trabajo al servicio de la empresa AB Grupo de Comunicación a fin de garantizar la satisfacción de su ego personal y su afán de protagonismo”
En el mismo dictamen los fiscales solicitaron la falta de mérito para los demás imputados en la causa, Domingo Petracca, Dora Terrón, Martín Apicella, Santiago Tomaghelli, Carlos Santander, Eduardo Poleman, Reinaldo Hermoso, María Maina de González, Juan Rasero, Julio de los Rios , Eduardo Mariano Pallete Pueyrredón y Alberto Santa Maria.
Asimismo, pidieron el sobreseimiento de Stella Zoolalian, Silvia Perretti, Pablo Esteban Gracilazo, Gonzalo Panceira y Víctor Luaces.
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