González ratificó el "estricto cumplimiento de los deberes" como subsecretario de Política exterior de la Cancillería, al declarar durante tres horas y media ante Urso y el fiscal federal Carlos Stornelli. Asimismo, negó haber mantenido un diálogo con Sarlenga previo a la firma del decreto 103/95 que autorizaba la venta de armamento a Venezuela cuando en realidad fueron a parar a Ecuador y Croacia.
Ese presunto diálogo estaría contenido en las primeras confesiones de Sarlenga, quien refirió que González le dijo que no podía "venderle pescado podrido" al ex canciller Guido Di Tella, y que tres días después firmó el decreto. En ese sentido, González explicó al término de la indagatoria que respecto de ese hecho él había advertido que "no se podía dar trámite a ese decreto sin el correspondiente certificado de uso o destino final" de las armas, pero que cuando ese certificado llegó "y a mi se me dijo que se habían cumplido los requisitos" le dio curso.
Sin embargo, el diplomático -quien regresará el martes a los Estados Unidos- se encargó de aclarar que "no nos conocemos" con Sarlenga y que sólo "mantuvimos una conversación telefónica", a la vez que se había enterado de la ilegalidad de la operación "por la prensa a fines de febrero o marzo de 1995". El embajador no ocultó su inquietud respecto de su futuro al frente de la principal delegación diplomática argentina, al estimar que su permanencia en el cargo dependerá del presidente Fernando De la Rúa y del "trato" que le brinden los medios luego de su declaración. Asimismo, se negó a brindar mayores precisiones sobre su declaración en virtud del secreto del sumario impuesto por Urso, pero se mostró satisfecho por el resultado de la diligencia ya que esta -dijo- "es mi primera oportunidad de defensa".