La medida fue adoptada por la Sala II de la Cámara, que también confirmó el procesamiento de Ricardo Jaime Fox y procesó a Guillermo Albano Abeu el primero contratado como gerente para la privatización de la telefónica estatal y el segundo como representante del Estado Nacional.
Ambos fueron procesados como cómplices del delito que se le endilga a María Julia, quien fue designada en los albores del gobierno de Carlos Menem como interventora de ENTEL a los efectos de la privatización y que luego quedó a cargo de la llamada ENTEL-residual.
El tribunal intervino a raíz de la apelación planteada por la defensa de Fox que había sido procesado por el juzgado federal 7 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral, en tanto la fiscalía había apelado la falta de mérito dictada a favor de María Julia y Abreu.
En torno a los hechos mencionados, la Cámara entendió que la inclusión de los terrenos de Radio Nacional en la localidad de General Pacheco significaron “el desapoderamiento ilegítimo de un bien” que había sido puesto a cuidado de la ex funcionaria, a la vez que rechazó los argumentos de la defensa de Alsogaray deslindando responsabilidades de lo actuado por Fox por entender que se trataba de una persona de su confianza y no es posible que la haya engañado.
La Cámara analizó el acta de transferencia de los bienes de ENTEL y de la modificatoria suscripta un día antes en la que se incluyó el terreno que ocupaba la planta transmisora de la emisora oficial el 8 de noviembre de 1990.
“Es evidente que puede atribuirse responsabilidad a la ingeniera María Julia Alsogaray en carácter de autora de una defraudación por administración infiel en perjuicio de la administración pública” debido a que ella “detentaba la especial calidad que la figura exige para ser considerada tal, expresa el fallo.