A) QUINCE.

Son los nombres de jueces, en su mayoría camaristas, que lograron zafar "elcorralito" financiero y pudieron rescatar sus ahorros retenidosen los bancos por obra y gracia del decreto 1570/01 que luegofue ratificado por la Ley de Emergencia Económica lo que le dio validez constitucional por tratarse de un decreto de Necesidady Urgencia. Pero más allá de los derechos individualesconculcados lo que cayó muy mal en la Corte, en el resto delPoder Judicial y en el Gobierno es que esos magistrados -enprimer lugar- hayan utilizado sus relaciones de amistad o decorporación para lograr que pares suyos no sólo le hicieranlugar a recursos de amparo como a tantos otros ahorristas sinoque hasta le hayan otorgado facultades de oficiales de Justiciaa ellos mismos o a sus abogados para ingresar a las casasbancarias y retirar por la fuerza sus depósitos. Pero no todoslos casos fueron iguales: por ejemplo, Claudio Kiper se presentóde manera civilizada e hizo valer sus derechos previo acuerdocon las autoridades del banco (su hermano fue el que efectivizó el retiro del depósito), firmando el actacorrespondiente. Pero el juez de cámara de los tribunales orales penales Ricardo Rizzo Romano cometió excesos, yaque no sólo reclamó lo suyo sino que retuvo a directivos del Banco deBoston hasta que pudo hacerse del dinero, disponiendo luego hacerseacompañar por agentes de la Policía Federal, pese a que setrataba de un acto privado y sin ninguna vinculación con suactividad de juez. Por eso, apenas termine la feria, su nombrecirculará en las cercanías de la Comisión de Acusación delConsejo de la Magistratura.

B) INQUIETUD. De la Corte le será transmitida este martes aJorge Remes Levnicov por las señales contradictorias que lellegan desde el Gobierno con relación a la estabilidad de lacabeza del tercer poder del Estado. Una cosa son loscacerolazos realizados por una minoría alentada -supuestamente-por grupos de la izquierda criolla y por asociaciones deabogados que están afectados en sus intereses por recientesfallos del máximo tribunal y otras, las expresiones de altosfuncionarios -incluida la esposa del presidente- y proyectosde reforma constitucional o leyes reformistas de la Corte quepretenden impulsar legisladores del oficialismo. Estainterpretación que se hace en los más altos círculos judicialesno deja de resaltar la contradicción con el apoyo que pidió elministro de Justicia, Jorge Reynaldo Vanossi, como el quepedirá -ahora- el titular de Economía a las disposiciones enmateria económica que impulsa el gobierno. "Por un lado, nospiden que banquemos jurídicamente las resoluciones oficialesque orillan la inconstitucionalidad y por otro, nos operan conamenazas de echarnos", se quejó uno de los jueces que mejordiálogo tiene con Vanossi, quien -por otra parte- ya le hahecho saber a Duhalde su total oposición a desplazar a la Corte oa sus miembros de manera inconstitucional: "sólo por elmecanismo de juicio político, fundamentado", sostiene elministro de Justicia coincidiendo en ese punto con los 9tribunos.

C) AMIA. Uno de los casos judiciales que tomará gran impulsodespués del receso de verano en la Justicia porteña. Con laasunción de Soria al frente de la SIDE se cree que habrá unmayor volumen de información hacia el tribunal de juicio debidoa las excelentes relaciones del nuevo jefe de los espíascriollos con el Mossad israelí -esta agencia de Inteligenciabrindó protección al ex legislador cuando integraba la ComisiónBicameral de Seguimiento de los atentados a la Embajada y a lamutual judía en sus viajes al extranjero- y porque el propioEduardo Duhalde estaría empeñado en aclarar todas las dudas dela colectividad y familiares de las víctimas sobre aspectososcuros de las responsabilidades de antiguos funcionarios en lainvestigación de los terribles ataques terroristas. Por ello nose extraña que tanto los fiscales como las querellas podríanpedir que se los cite, que sereactive al testigo C que tiene Alemania e incluso que se letome testimonio al propio Menem. El caso AMIA volverá ainstalarse con toda su fuerza antes que concluya el otoño y conrevelaciones que podrían sorprender al más informado.

D) DESPUÉS DE LA FERIA. El fiscal del Crimen, Alejandro MolinaPico pedirá que el jefe de Gobierno de la Ciudad de BuenosAires se presente a declarar en la causa por presuntasirregularidades que se cometieron en la concesión de laautopista "Arturo Illía" que une a la avenida Nueve de Juliocon el aeropuerto porteño durante la gestión de Fernando de laRúa en la Capital Federal. Como ya informó esta columna, AnibalIbarra fue denunciado por presunta estafa e incumplimiento delos deberes de funcionario público al haber ordenado un pago -supuestamente irregular de 28 millones de pesos a la empresaCOVIMET, concesionaria de la explotación de esa vía de accesorápido. La acusación fue formulada por el ex diputado radicalMarcelo Gey, quien actúa como querellante en la causa. Ademásde la Rúa, están involucrados el ex secretario general de laPresidencia, Nicolás Gallo; el ex Procurador del Tesoro,Enrique Marcer y el ex secretario de Hacienda del municipioporteño, Eduardo Delle Ville. Según la denuncia de Gey, Ibarraordenó el pago de esa suma pese a que anteriormente el gobiernoporteño había informado que no existía el anexo XIV delcontrato de concesión que permitía renegociaciones en favor delgrupo concesionario que -además- se benefició con un incrementodel peaje del cien por ciento. "También existe -dijo Gey- unanota del ingeniero Gallo que solicita se provean los fondospara el pago de los $ 28.800.213". El costo final de la obraascendió a $ 437.000.000, una suma que Molina Pico considerasobreofertada en relación con la obra de tres kilometros deextensión y un peaje de 1 peso por cada vehículo que circulapor ella.

hugo morales / dju