04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Los jueces mendocinos postergan el autorecorte

Los jueces de Mendoza comenzarían a tratar recién en febrero el tema del recorte de sus sueldos. A pesar de la ley provincial que fija como tope el monto de 3 mil pesos, el Poder Judicial tiene decisión propia.

 
A pesar de lo esperado, en la Corte y en la Asociación de Magistrados de la provincia de Mendoza no se tomó ninguna decisión sobre el recorte de los sueldos de los mismos jueces, luego de la sanción de la ley que establece un tope de sueldos para funcionarios del Gobierno y legisladores provinciales, por lo que la cuestión quedará para el mes entrante.

El ministro del Tribunal Superior, Jorge Nanclares, manifestó que se comenzaría a hablar del tema cuando termine la feria judicial. En ese sentido, Orlando Farrugia, presidente de la Asociación de Magistrados, señaló que hasta febrero no se reunirá con sus colegas para debatir la postura a tomar. “Todavía no pensamos nada. Vamos a analizar la ley en su momento”, refirió.

También aseguró que aunque la mayoría de los jueces “están desperdigados por todos lados, no se han ido de vacaciones”, aunque prefirió no explayarse sobre el tema debido al estado de feria tribunalicia.

Por su parte, el subsecretario de Justicia, Roberto Grillo, recordó que son los propios jueces los que deberán decidir por sus propios sueldos. “Si bien la Suprema Corte tiene el ejercicio de la superintendencia, cada juez es un Poder Judicial independiente”, recalcó. Sin embargo, explicó que ante casos de emergencias, como la falta de fondos, se pueden tomar ciertas resoluciones.

La Ley General de Sueldos fue aprobada el último martes por la Legislatura Provincial y establece un tope de tres mil pesos en los salarios de los políticos.

Hace poco más de seis meses comenzaron los conflictos que involucraban a los jueces y sus sueldos. La opinión pública reclamó que los titulares de los juzgados hicieran una especie de donación de parte de sus haberes.

Ante la presión, los magistrados convinieron en crear un fondo solidario con el diez por ciento de sus sueldos. Pero finalmente quedó en la nada con el decreto del gobernador Roberto Iglesias, que estableció el llamado pago a cuenta.



dju / dju
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