El requerimiento de Álvarez Berlanda y Pollicita abarca al presidente Duhalde y al Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; junto a los ministros Jorge Vanossi, Jorge Remes Lenicov, Alfredo Atasanoff, Ginés González García, José Ignacio de Mendiguren, Rodolfo Gabrielli, Carlos Ruckauf, Graciela Gianettasio y Horacio Jaunarena, aunque no descartan “eventualmente” ampliar “la nómina de imputados durante el transcurso de la investigación”.
La denuncia del abogado Eduardo Barcesat imputa a los miembros del Ejecutivo “la comisión del delito constitucional previsto en el artículo 29” de la Constitución Nacional, (que dispone que aquellos que concedan o consientan el otorgamiento de facultades extraordinarias o la suma del poder público, tienen la “responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”), “en concurso con los artículos 239 y 248 del Código Penal”, que penan los delitos de abuso de autoridad e incumplimientos de deberes de funcionario público.
En el requerimiento fiscal se menciona la denuncia de Barcesat, quien fundamenta que el decreto 214/02, “implica una intromisión del Poder Ejecutivo Nacional en las causas judiciales en trámite”, generando “un conflicto de poderes de imprevisibles consecuencias”.
Barcesat asegura que la actitud del Ejecutivo no implica “una mera disconformidad con el pronunciamiento emitido por la Corte Suprema, sino cercenar las atribuciones judiciales, usurpando la función de conocer y decidir, que define al Poder Judicial”.
Además de avalar el inicio de la investigación, los fiscales pidieron que se libren oficios al Banco Central y al ministerio de Economía para que “si los hubiere” se remitan los antecedentes “que dieran origen al dictado del decreto 214/02 del Poder Ejecutivo nacional”. Además, sugieren solicitar informes para saber si hubo “alguna comunicación oficial para que se haga efectivo” lo dispuesto en el decreto.
Fuentes judiciales confirmaron a Diariojudicial.com que es “muy probable” que la denuncia de Barcesat se unifique con otra presentada ayer por el fiscal Pablo Lanusse, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadío, con lo cual el juez que entendería de aquí en más en ambas denuncias sería Rodolfo Canicoba Corral, a través de la secretaría de Olga Chávez.