Asimismo, se abordarán las condiciones incompatibles con los Derechos Humanos de los jóvenes privados de libertad; regularización económica de los establecimientos afectados a la protección de menores, muerte de menores tutelados en presuntos enfrentamientos e institutos transformados en centros de admisión penal.
También formará parte de la agenda la preocupación ante los hechos de violencia institucional que violan normas internacionales relativas a los derechos humanos en detrimento de menores bajo Patronato.
Cabe consignar que hacia fines del año pasado, la Suprema Corte bonaerense denunció al menos sesenta casos de muertes de menores tutelados, lo que motivó una fuerte repercusión institucional que derivó con la renuncia del entonces ministro de Seguridad, Ramón Verón.
De los sesenta casos, se concluyó que cuatro de ellos eran en presuntos enfrentamientos con la policía, en el norte del gran Buenos Aires, situación que llevó al Procurador Eduardo de la Cruz a iniciar una intensa investigación.