"Los familiares de las víctimas de desaparición forzada tienen el derecho a conocer la suerte y el paradero de sus seres queridos, a que se investigue exhaustivamente los hechos y se lleve a los responsables ante la justicia, así como a ser reparados por el Estado," recordó la seccional uruguaya de Amnistía Internacional en un comunicado.
Con ese objetivo, la organización internacional consideró de suma importancia que la Comisión para la Paz establecida para investigar el paradero de los más de 100 uruguayos desaparecidos tanto en Uruguay como en Argentina entre 1973 y 1985 tenga acceso a toda la información relacionada con ellos que se encuentre en manos de las autoridades o de las fuerzas de seguridad del país.
El establecimiento de la Comisión en agosto del año pasado fue reconocido por Amnistía Internacional como una medida positiva del gobierno del presidente uruguayo, Hugo Batlle, para avanzar en la búsqueda de verdad y justicia.
Sin embargo, la organización se mostró preocupada porque dicha comisión tan sólo tiene competencia para recibir testimonios e informes y para llamar a testigos, con una competencia similar a la de los tribunales que realizan los "juicios por la verdad" en varias ciudades de Argentina, pero carece de capacidad coercitiva para citar con carácter obligatorio a aquellos que estuvieron presuntamente involucrados en estos delitos.
"Le exhortamos al Presidente Batlle a que inste a las fuerzas de seguridad a facilitar a la Comisión para la Paz toda la información de que dispongan sobre casos de desapariciones", según manifestó Amnistía Internacional.
Uno de estos casos es el de Simón Riquelo, quien fue secuestrado y desaparecido forzosamente cuando tan sólo tenía unos meses por miembros del ejército uruguayo durante la detención de su madre, la ciudadana uruguaya Sara Méndez, en un centro clandestino en Argentina. Tras más de 25 años y numerosos procesos judiciales infructuosos, Sara Méndez continúa sin conocer el paradero de su hijo.
"Esta madre tiene, como el resto de los familiares de los desaparecidos, derecho a saber la verdad, así como su hijo tiene derecho a conocer su verdadera identidad, y la sociedad uruguaya en su conjunto tiene el derecho a conocer su historia", expresa la entidad que lucha por los derechos humanos.
"Es un principio generalmente aceptado que la desaparición forzada constituye un delito continuado o permanente mientras no se establezca el paradero o destino de la víctima, y viola el derecho de los familiares de los desaparecidos a no ser sometidos a torturas ni a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes", se añadió destacando además que se pronunciaron en este sentido tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo.
Las organizaciones de derechos humanos del país oriental se mostraron preocupadas y reclamaron ayer porque la Ley de Caducidad de la prevención punitiva del Estado, Ley 15.848 de 1986, impide que el derecho a la verdad sea satisfecho y permite, según Amnistía, "que la impunidad persista en franco desafío a la obligación internacional que tiene el Estado de investigar los hechos y juzgar a los responsables".
La ley de Caducidad es de la misma naturaleza jurídica que la argentina de Punto Final, que fue recientemente declarada nula e inconstitucional por el juez federal Gabriel Cavallo. Además, en otro precedente de suma importancia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la ilegitimidad de las leyes de autoaministía en Perú al fallar sobre la masacre de Barrios Altos.