Sin embargo, el partido justicialista apuró a sus aliados con un paquete de medidas urgentes para debilitar la investigación judicial. Una de ellas consiste en pedir en el juzgado de Víctor Pérez, quien lleva adelante la causa, el acceso al expediente. Jaldo protestó públicamente por no haber podido leer la denuncia del diputado nacional Ricardo Bussi. “Los legisladores estuvimos en todos los medios, pero no tenemos acceso al expediente ni podemos saber de qué se nos acusa”, se quejó.
Los peronistas también tienen ideado reclamar ante tribunales superiores que se los tenga como partes en la causa, recusar al magistrado por abuso de autoridad y/o fallas en la tramitación, no responder o bien rechazar sus pedidos de informes, modificar el Código Procesal Penal para que el fiscal anticorrupción no tenga intervención en las futuras causas y sólo las maneje un juez, acusar a los denunciantes Ricardo Bussi y José Ricardo Falú de utilizar políticamente a la Justicia y en el cohecho exigir que se investigue también a quien habría pagado la coima, para que la pesquisa alcance al Poder Ejecutivo.
Los legisladores no sólo tienen sus reservas con la justicia, sino también con el propio Poder Ejecutivo, porque se mantiene el malestar derivado del veto a la ley que modificó el Consejo Asesor de la Magistratura y se teme que el Gobierno “abandone” a la Cámara en este trance.
El viernes de la próxima semana los bloques serían llamados al recinto por el juez penal Pérez, quien solicitó que se le remitan las declaraciones juradas que cada legislador presentó al asumir y las remuneraciones recibidas desde 1999.