La denuncia, que recayó en el juzgado federal número 2 a cargo de Jorge Ballestero, incluyó además a funcionarios del Banco Central, miembros del Congreso de la Nación “sin perjuicio de ampliarse la medida contra quienes resultaran (de la investigación) coautores, cómplices y/o encubridores”.
Los letrados denunciantes también les imputan los delitos de abandono de personas, defraudación por retención indebida, instigación a cometer delitos, apología del delito, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y subversión económica.
Las medidas probatorias propuestas por los abogados se basan en que de la lectura del decreto 1570/01 no surge que se hayan realizado los estudios técnicos necesarios “que puedan justificar lo injustificable: restringir el uso de dinero en efectivo”. En ese sentido, la medida no está avalada por ningún informe técnico, como lo podría ser el estudio de la caída y salida de depósitos, como así también la situación de cada banco en particular. Por el contrario, “surge un palmario desconocimiento de la realidad económica, social y bancaria”.
De la Rúa estaría involucrado en carácter de partícipe necesario, ya que los delitos denunciados no se podrían haber cometido sin haber promulgado los decretos que posibilitaron la consumación de los delitos, según se argumentó en la denuncia.
Según la presentación, el ex ministro “sometió a la población a un régimen de control social, en el cual la fortuna y los bienes de los argentinos iban a estar en manos de unos pocos financistas y banqueros”. También expusieron que “dicho corralito financiero ha creado una muy grande crisis económica: nadie confía ya en los bancos, nadie deposita, no hay inversiones, hay gran desconfianza pública”.
“La conducta del ex ministro revela un profundo desprecio por la ciudadanía, atento a que nos ha sometido a un régimen peor que el de la curatela. La población se ha sentido engañada y estafada. No sólo ha sido estafada económicamente sino también moralmente”.