Fernández, quien además fue asesora de la Dirección General de Cultura y Educación durante la gestión de Octavio Bordón, está sospechada de posible apropiacìón de subsidios destinados a personas de escasos recursos por la Cámara de Diputados provincial.
La investigación se inició en 1999, cuando una colaboradora de la ex legisladora denunció el hecho a la justicia, y afirmó que el dinero que la Cámara de Diputados entregaba para becas y subsidios de personas necesitadas en realidad era cobrado, presuntamente, por la ex diputada, algunos de sus empleados y familiares.
La ex diputada era buscada por la justicia local desde diciembre último, a partir de que la Cámara de Apelaciones confirmara su detención.
Cabe consignar que para esa fecha, el fiscal Esteban Lombardo, quien investiga el caso junto a su par, Carlos Argüero, titular de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata, allanó un country de la localidad bonaerense de Benavídez, en donde tenía domicilio Fernández, quien ya se había mudado, razón por la cual se pidió su captura internacional.
La madre de la ex legisladora del PJ había sido detenida en el marco de la causa, pero luego fue excarcelada al igual que los imputados Mabel Ana Díaz, Guillermo Bertoldi Pizarro y Juan Pablo Fernández.