La normativa pretendida autoriza al STJ para usar hasta 1,3 millón de pesos por mes de los depósitos que por diferentes causas judiciales se encuentran en el banco Patagonia y que rondarían los 18 millones de pesos.
Alberto Balladini, juez del Máximo Tribunal provincial había justificado el proyecto de su elaboración al decir que "la necesidad de garantizar las condiciones de funcionamiento del servicio público esencial de justicia, para dar una respuesta pronta, adecuada y eficiente a la prestación a su cargo y a la creciente judicialización de la crisis".
Pero dicho proyecto no tuvo la aceptación de todas las partes, que señalaran que no corresponde usar el dinero de los depósitos judiciales por ser dinero ajeno al Poder Judicial, ya que pertenece a particulares –ya sea de fondos de empresas quebradas o fianzas- en custodia momentánea de la justicia.
La iniciativa no tuvo respaldo legislativo, pues ya fue rechazada en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Pero se gestó nuevamente la posibilidad de su concreción con un decreto/ley.
El inicial intento en gestar la norma estuvo direccionada a un decreto/ley pero no prosperó porque el vicegobernador Mendioroz se había negado a su firma. Por eso, el STJ intentó el camino legislativo que también fue frustrado.
Frente a una nueva solicitud de Balladini en el marco del desfinanciamiento provincial, el gobernador trasladó la inquietud e insistió por el decreto/ley ante el vicegobernador, a lo que éste finalmente accedió, aunque impuso algunas limitaciones.