01 de Julio de 2024
Edición 6996 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 02/07/2024

La bomba tucumana

El diputado Jose Alberto Vitar presentó un proyecto de declaración repudiando un atentado sufrido por el Colegio de Abogados de Tucumán. También criticó la escasa colaboración de Mestre y la Policía Federal en la investigación.

 
El diputado aliancista por la provincia de Tucumán, José Aberto Vitar presentó un proyecto por el cual declara su repudio al atentado sufrido por el Colegio de Abogados de Tucumán, el pasado lunes 7 de mayo.

Ese día, el abogado Ricardo Scheuerman recibió en la sede de la institución una encomienda que contenía un artefacto explosivo, que por una falla no se activó. Según fuentes consultadas, de haber explotado, la bomba tenía poder como para causar la muerte del letrado.

Fuentes parlamentarias cercanas a Vitar, quien viene presentado distintos proyectos de declaración en la Cámara de Diputados Nacional, ante la seguidilla de amenazas de bombas que han sido colocadas en diversos puntos de Tucumán, aseguraron a Diariojudicial.com que se trata “de una metodología de intimidación anónima”.

La bomba, un artefacto del tipo "cazabobos", llegó al Colegio de Abogados tucumano envuelta en un paquete. La policía local intervino inmediatamente al igual que la Fiscal Teresita Marnero, quien ordenó rastrear las llamadas telefónicas recibidas desde el viernes en esa entidad. Lo llamativo del caso, fue que se registró una comunicación telefónica donde alguien en forma insistente preguntaba si Scheuerman había recibido el envío.

El presidente del Colegio de Abogados, Carlos Parajón Cantelli, señaló en esa oportunidad que “el atentado no había sido en forma personal, sino contra la institución, entendiendo por ello, que la bomba fue enviada al Colegio y no al domicilio particular del abogado”. También el vicepresidente de la entidad Mario Racedo fue partidario de esa hipótesis, cuando reflexionó que “no se trató de un hecho judicial ni policial, sino político”, asimismo recordó que “es parte de una intimidación y amordazamiento, tanto en relación con el libre ejercicio profesional como con la posición pública del colegio sobre temas trascendentes en cuestiones de institucionales”.

Scheuermann había intervenido en causas resonantes por sus connotaciones políticas. Según señalaron fuentes parlamentarias a este medio, el letrado es patrocinante de un ex concejal de Famaillá (localidad de la provincia tucumana) que acusa al intendente y a un legislador de esa ciudad, Enrique y José Orellana, por cinco delitos relacionados con su función política. Por otra parte, el abogado es defensor del comandante de Gendarmería Edgardo Franco, acusado junto al militar Alberto Kaleñuk por la desaparición de encomiendas del destacamento de esa fuerza. Asimismo patrocina a padres de alumnos que fueron vacunados irregularmente en escuelas secundarias de la capital tucumana.

Otros casos
Asimismo, el legislador presentó otros proyectos en relación con otros atentados ocurridos durante estos últimos meses.

En uno de ellos pone de manifiesto “su más contundente repudio ante la amenaza dirigida al periodista Carlos Abrehu, (del diario La Gaceta de Tucumán) quien recibió en su lugar de trabajo un paquete que contenía una granada conjuntamente con un mensaje intimidatorio”.

Aparentemente, la amenaza tendría relación con la cobertura que ha realizado periódicamente ese medio en cuanto al debate desatado en la provincia norteña acerca de los ingresos que perciben los legisladores provinciales.

El mensaje enviado decía “Sr Abrehu, Cirnigliaro no es un héroe” en alusión al legislador que decidió renunciar al cobro de los gastos reservados.

“Actos de esta naturaleza, pretenden atentar sensiblemente contra la libertad de expresión y el derecho de los ciudadanos a permanecer informados, derechos incuestionables en un sistema democrático”, había indicado Vitar.

Tras ese episodio intimidatorio, contra el periodista Abrehu, el diputado expresó “su malestar ante el ministro del Interior, Ramón Mestre”, ante la falta de cooperación por parte de esa cartera y los organismos que dependen de ella, en la investigación sobre el atentado que sufriera el Secretario de Redacción de “La Gaceta” de Tucumán.

En este proyecto, Vitar expresó que “todo indica que, hasta la fecha, los organismos nacionales no han prestado la más mínima colaboración”.

“Existe la certeza generalizada de que este y otros atentados, tienen una íntima vinculación entre sí y que constituyen “delitos políticos”con el indudable propósito de intimidar y generar temor tanto en los medios de prensa como en otros estamentos de la sociedad tucumana”, finalizó el legislador.



dju / dju
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