Se creó una Comisión que está encabezada por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y que desarrollará sus actividades trabajando de modo conjunto con la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, que se encargará de brindarle asistencia técnica e información, con el propósito de que pueda cumplir con su cometido de monitoreo de la CICC.
El mecanismo de seguimiento de la Convención, que publica hoy en forma completa Diariojudicial.com, fue consensuado a principios de mes en Buenos Aires y será adoptado al celebrarse la próxima Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), del 3 al 5 de junio próximos.
Los integrantes de la Comisión – coordinada por el Vicepresidente 1º del Colegio Público, Ángel Bruno– se reunieron ayer con el Secretario de Justicia y Asuntos Legislativos, Melchor Cruchaga, el titular de la Oficina Anticorrupción, José Massoni, y el director de Transparencia de la OA, Roberto de Michele, quien fue electo presidente de la Primera Conferencia de los Estados Parte de la CICC, que contó con la presencia del Secretario General de la OEA, César Gaviria.
Bruno presentó formalmente la comisión a las autoridades de la cartera de Justicia y explicó que entre sus objetivos están los de “controlar y presentar informes periódicos en cuanto al grado de cumplimiento de nuestro país respecto de la CICC, así como divulgar el contenido de esta Convención”.
De Michele hizo hincapié en el hecho de que la Comisión “es la primera manifestación en el ámbito de los países firmantes de la Convención, de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que se autoconvoca para ayudar a monitorear su cumplimiento”, y resaltó que “resulta esencial que, más allá de toda la ayuda y la asistencia técnica que esta Oficina pueda brindar a la Comisión, ésta preserve la independencia necesaria para controlar los actos de la administración en lo que hace al cumplimiento de las pautas de ética pública estipuladas en la Convención”.
Massoni, por su parte, destacó “el necesario rol de control” que estará a cargo del conjunto de las entidades al expresar: “necesitamos que esta Comisión integrada por Organizaciones de la Sociedad Civil nos ayude con sus observaciones, su análisis y su crítica a cumplir con nuestra misión, como organismo encargado de aplicar las políticas recomendadas por la Convención Interamericana contra la Corrupción”.
“Esta Convención es única en su enfoque –destacó De Michele-. Comparativamente con otros tratados sobre control de la corrupción, evita tratar la problemática tan sólo desde la esfera del derecho penal y del castigo, al incluir la temática de la prevención, enfocando a la corrupción como un problema sistémico e institucional antes que sólo una cuestión de crimen y castigo”.
Además del Colegio Público, integran la Comisión la Asociación de Abogados de Buenos Aires, la Asociación de Magistrados, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), los Consejos de la Magistratura de Buenos Aires y de la Nación, la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Poder Ciudadano y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, entre muchos otros.
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