La tarea que Rodríguez desempeñaba en la función pública era “planificar, organizar y verificar” los servicios generales correspondientes a la Secretaría General de la Presidencia.
En su resolución, los integrantes de la Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, Horacio Vigliani y Luisa Riva Aramayo, señalaron que Rodríguez contrató a la empresa para que entre agosto de 1998 y diciembre de 1999 brindara servicios de vigilancia permanente a una cochera presidencial ubicada en la calle Alem 852, de esta Capital Federal.
Si bien en el expediente se pudo probar que el servicio nunca fue prestado, se encontraron facturas mediante las cuales se efectuaron pagos por 71.475 pesos.
Los integrantes de la Sala I destacaron que "durante 1999 no se prestó ningún servicio en ningún turno" y precisaron que se "facturaron 8592 horas equivalentes a 24 horas diarias a lo largo de los 12 meses del año".