En ese sentido, la entidad que agrupa a los letrados porteños manifestó que esta norma es “claramente inconstitucional” y remarcó que la misma desconoce “la naturaleza jurídica de las medidas precautorias” y burla la potestad de las provincias de “ejercer sus derechos reservados en materia procesal”.
Además, el Consejo Directivo de la entidad manifestó con esa ley tan sólo se pretende “poner obstáculos en la defensa por parte de los ciudadanos” e indicó que “una vez más la voluntad política parecería que esta por encima de la Carta Magna”, como lo hacen los gobierno de facto.
“Se pretende atribuir responsabilidades de la situación económica en los jueces y los abogados. Ellos, en realidad, cumplen con su deber de hacer justicia, preservando las garantías de la Constitución”, sostuvo la entidad. Por su parte, el Colegio quilmeño denunció que con la sanción de la ley 25.587, el Congreso de la Nación demostró una “tremenda incapacidad y falta de voluntad política para dar una solución a los graves problemas que afronta la sociedad argentina ante una de sus más graves crisis económicas, dentro del marco constitucional y respetando el estado de derecho”.
Ese Colegio del sur del Gran Buenos Aires, señaló, además, que la ley es ”jurídicamente incorrecta”, ya que pretende “impedir” que toda persona tenga derecho a un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales que los ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la C.N, las leyes vigentes al momento de contratar y las normas contenidas en las convenciones internacionales”.
También, afirmó que es “políticamente incorrecta”, ya que en lugar de buscar el “restablecimiento de la confianza pública en el sistema financiero”, quebrada por las normas dictadas a partir de la sanción del decreto 1570/01, ”profundiza ese camino y pretende hacer ver a las personas que presentaron una acción de amparo tendiente a proteger sus derechos constitucionales violados, como seres maléficos que pretenden la destrucción del sistema”.
Por su parte, desde la Federación Argentina de Colegios de Abogados se apuntó que la controvertida ley “no es más que la continuación del conjunto de disposiciones inconstitucionales que desde hace meses violan el Estado de derecho, conculcando las garantías básicas de la población”.
A su vez, se declara que es “altamente sospechoso que se hable de seguridad jurídica como fundamento para derogar la ley de subversión económica”, mientras se vulnera cotidianamente la seguridad jurídica en Argentina a través de normas como las criticadas.
“Es lamentable y vergonzoso que, ante el reclamo unánime de conductas transparentes, se ceda a presiones foráneas para complacer intereses sectoriales no nacionales” concluyó la entidad.