El vocero del Ejecutivo español Joseph Piqué admitió que las autoridades argentinas denegarán el reclamo para que los acusados sean entregados a la justicia peninsular, pero advirtió que su gobierno adoptará la misma actitud que en casos anteriores "que es tramitar la solicitud como ha hecho en otros casos conocidos y estar a resultas de lo que decida el país donde están las personas acusadas", en alusión al caso del ex mandatario chileno Augusto Pinochet, retenido desde hace mas de un año en Londres por un pedido similar de Garzón.
Pero al contrario a lo sucedido con Pinochet, el fiscal general del estado español, Jesús Cardenal, ratificará que mantendrá su postura fijada desde 1995, en el sentido que los tribunales españoles "no eran competentes para el conocimiento de estos hechos, sin reconocer que se trata de crímenes horrendos".
Entre los imputados por Garzón se encuentran los ex integrantes de las juntas militares Jorge Videla, Eduardo Massera y Leopoldo Galtieri, quien junto con otros jerarcas del Proceso se encuentran imputados en la causa que por la sustracción de criaturas nacidas en cautiverio, lleva adelante el juez argentino Adolfo Bagnasco.
Menem fue categórico al afirmar que si el pedido de extradición llega a la cancillería durante su gobierno lo va a rechazar de plano y le va a ahorrar el trámite al futuro gobierno, en tanto De la Rúa hizo saber que se respetará el principio de territorialidad y que cualquier decisión quedará en manos de la justicia.