04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

En el Consejo no quieren generalizaciones

El consejero Claudio Kiper presentó un proyecto donde se repudia la “formulación indiscriminada” de manifestaciones provenientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo que ponen en duda la actuación de los jueces que concedieron amparos contra el corralito.

 
En el Consejo de la Magistratura se aprestan a hacer oír su voz, luego de las declaraciones de diversos sectores de la comunidad jurídica, como fue el caso del comunicado conjunto de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, quienes expresaron su repudio por las manifestaciones de integrantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, que según esas entidades hablan en forma indiscriminada “de maniobras repudiables y hasta la posible comisión de delitos, en decisiones jurisdiccionales dictadas con referencia al tema públicamente conocido como corralito”.

En ese sentido, el consejero Claudio Kiper presentó en el Consejo un proyecto de resolución a fin de responder a “las declaraciones de integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que pretenderían responsabilizar a los magistrados del Poder Judicial de la Nación aduciendo la posible comisión de delitos en decisiones jurisdiccionales dictadas con relación a los decretos 1570/01, 214/02, 320/02, la ley 25.561” y otras normas que regulan el corralito financiero.

El consejero y camarista civil expresó que “los magistrados en el ejercicio de su ministerio deben desempeñarse con absoluta libertad y con independencia de criterio. La conciencia de cualquier juez debe hallarse debidamente resguardada para evitar presiones externas que puedan interferir en su poder de decisión. Es necesario despejar toda coacción que busque desviar su voluntad, como el temor a sufrir una sanción si no satisface requerimientos de ciertos grupos de interés, pues las presiones pueden afectar la serenidad del espíritu para emitir un juicio”.

“Resulta también llamativo que las críticas mencionadas se dirijan contra los ahorristas que iniciaron el juicio de amparo, y contra sus letrados, cuando ésta es la única forma de hacer respetar los derechos que se consideran vulnerados en un Estado democrático. En otras palabras, este procedimiento apunta a convertir en victimarios a quienes sin duda son las víctimas”, señala Kiper.

En su parte dispositiva, el proyecto del magistrado propone “hacer saber a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y también a la opinión pública en general, que las declaraciones difundidas por distintos medios periodísticos y atribuidas a integrantes de los otros Poderes de la Nación por medio de las cuales imputan en forma genérica e innominada conductas ilícitas a magistrados que intervienen en las causas vinculadas al denominado “corralito financiero”, y las críticas indiscriminadas al actuar de dichos magistrados, constituyen una intromisión indebida y una forma encubierta de efectuar una presión sobre los mismos, inaceptable para este Consejo de la Magistratura, a cuyo cargo se encuentra velar por la defensa de la independencia de los jueces.”



dju / dju
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