Actualmente, la ley 25.561, de Emergencia Económica, vigente desde el 7 de enero pasado, dispone en su artículo 16 que “Por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente.”
El Poder Ejecutivo está muy interesado en avanzar en esta iniciativa con el propósito de frenar una previsible ola de despidos cuando deje de regir la ley, y a pesar de que durante su vigencia se calcula que las empresas cesantearon a más de 200 mil trabajadores.
Según la viceministra, el gobierno apurará una definición sobre la prórroga porque si la vigencia de la ley se cuenta por días corridos sus efectos finalizarán "el 7 u 8 de julio".