Stornelli, requirió al juez federal Norberto Oyarbide, entre otras medidas, que se pida la copia taquigráfica correspondiente al momento de la votación llevada a cabo el 30 de mayo, así como también que se le remitan copias del Reglamento de la Cámara, “en especial lo que respecta a la regulación del voto del presidente”, así como también la realización de cualquier otra diligencia que conduzca a esclarecer los hechos denunciados.
El representante del Ministerio Público se pronunció así en una causa iniciada a raiz de una denuncia que formuló el abogado Juan Carlos Iglesias, contra el presidente provisional de la Cámara de Senadores, el justicialista cordobés Juan Carlos Maqueda, por la presunta comisión del delito de “falsedad ideológica”, argumentando que el legislador votó primero como senador y luego como titular del cuerpo.
Iglesias también denunció a la legisladora radical rionegrina Amanda Isidori, quien al decidir levantarse de su banca en el momento de la elección, cumpliendo directivas expresas del gobernador Pablo Verani.
El denunciante sostuvo en su presentación que si Maqueda no hubiera votado como senador no habría existido el empate y la postura contraria a la derogación de la norma se hubiera impuesto por 34 votos sobre 33.
Según pudo saber Diariojudicial.com, Stornelli habría llegado a la conclusión que Maqueda no se encontraba en la misma situación que el vicepresidente de la Nación que ejerce la presidencia nata de la Cámara Alta, y en que su carácter de presidente provisional habría votado correctamente en dos ocasiones para desempatar, tal como lo establecen los reglamentos.
De todos modos, el fiscal prefirió que su presunción sea confirmada en la causa y por esa razón requirió que se remitan copias de los reglamentos de la Cámara.
Según sostuvo Iglesias en su denuncia con la sanción de la ley (que deroga la anterior) “se ha logrado la impunidad para todos aquellos banqueros responsables de maniobras fraudulentas que llevaron al vaciamiento de los Bancos y ocasionaron sanciones políticas y económicas contra el Estado Nacional, en general y contra los ahorristas en particular, a pedido de un acreedor extranjero –el Fondo Monetario Internacional-, para acceder a las tratativas de relaciones crediticias que se pretenden”.