La denuncia fue presentada por los abogados Florencio y Ramiro Varela y quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Claudio Bonadío y está fundada en la decisión del legislador adoptada ayer –con la conformidad de los presidentes de los distintos bloques—según la cual los senadores percibirían, en forma extraordinaria 3.513,50 pesos.
El Senado deberá renovarse en su mayoría en los comicios legislativos del 14 de octubre próximo y el pago de los aguinaldos amenaza con sumir a ese cuerpo en un nuevo escándalo, luego del que debió afrontar el ano pasado debido al presunto pago de sobornos por la aprobación de la Reforma Laboral, que está siendo investigado por la Justicia.
Los denunciantes le achacan a Losada los delitos de “malversación de caudales públicos, incumplimiento a los deberes de funcionario público y encubrimiento calificado, previstos en los artículos 260, 248 y 277 del Código Penal. Según sostienen “los senadores no tienen derecho a percibir un sueldo anual complementario debido a que cobran una dieta y no un salario como el resto de los trabajadores, es decir que no están incluidos en la normativa legal que instituyó dicho complemento salarial”.
Respecto de Losada subrayan que el legislador misionero ïncurrió en el delito previsto en el artículo 248 del Código penal de abuso de autoridad e incumplimiento a los deberes de funcionario público castigado con una pena de un mes a dos años de prisión e inhabilitación especial por el doble de tiempo toda vez que ha dictado una resolución contraria a la ley nacional que instituyó el sueldo anual complementario”.
Esos delitos concursan con el de “malversación de caudales públicos contemplado en el artículo 260 del mismo código” que pena al funcionario “que diere a los caudales que administrare una aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados”. Los letrados destacaron en ese sentido que Losada “ha sido arbitrario al no estar respaldado por ninguna autorización legal regulatoria del destino de los fondos públicos”. Asimismo, hicieron extensiva la denuncia al Secretario Administrativo del Senado, José Canata, como partícipe en función del artículo 45 del Código Penal por la “cooperación” que habría prestado en dicho acto administrativo “sin la cual no podría haberse consumado”.
En ese sentido, repodujeron declaraciones efectuadas por Canata según las cuales admitió que “no existe obligatoriedad de pagar el aguinaldo” pero “como hay dinero disponible, se puede hacer”. Los abogados Varela estimaron que dichas afirmaciones “ponen al desnudo la carencia esencial de un espíritu republicano, ya que los saldos disponibles de las cuentas y partidas presupuestarias no utilizados debe restituirse al Tesoro Nacional al final del ejercicio no pudiendo disponerse de ellos como si fueren bienes mostrencos”. Por último advierten que los senadores que perciban el medio aguinaldo ïlicitamente abonado, incurrirán en el delito de encubrimiento calificado”por “recibir dinero proveniente de un delito y haber actuado con ánimo de lucro”.