Alderete acusó al juez de haber dado muestras de "parcialidad" y prejuzgamiento cuando, a pedido de la Oficina Anticorrupción (OA) modificó el alcance de una pericia ordenada en la causa, para aclarar si entre 1997 y 1999 el Estado Nacional había proporcionado fondos al PAMI de los cuales 400 mil pesos fueron abonados a la editorial Plus Ultra y establecer el precio unitario de los libros adquiridos.
El ex titular de la OA José Massoni se había opuesto al primer punto de la pericia, es decir aquel vinculado a los 400 mil pesos, y el juez aceptó su postura y mantuvo la medida de prueba sólo para que se estimara el valor de cada uno de los libros.
Para los defensores de Alderete, el juez al revocar su decisión anterior incurrió en un adelanto de opinión por lo que lo recusaron "con causa".
Urso no hizo lugar a ese pedido y ante la apelación de la defensa, el planteo llegó a la Cámara Federal que respaldó la decisión del juez de primera instancia. Alderete declaró en el marco de este expediente a principios de noviembre del año pasado y durante seis horas respondió por los cargos de malversación de caudales públicos y administración fraudulenta.
En esa oportunidad el ex titular del PAMI negó haber pagado sobreprecios por la adquisición de 40 mil libros destinados a los jubilados, operación por la que habría cometido un fraude contra el Estado por una suma estimada en 250 mil pesos.
Las pericias contables obrantes en la causa y realizadas a pedido del fiscal federal Guillermo Montenegro indican que los textos comprados a la editorial "Plus Ultra" deberían haber costado un peso cada uno, mientras que Alderete reconoció el pago de alrededor de 10 pesos cada uno y defendió "la licitud" de la operación.
Los libros fueron adquiridos como parte de la asistencia recreativa de los jubilados y de acuerdo con el precio de mercado, según explicó Alderete, a pesar de que las pericias señalan lo contrario.